Esta es una de las principales propuestas que la presidenta de la Ceaje, Pilar Andrade, y su secretario general, Ángel Gómez, hicieron tras asistir a la presentación de la Ley de Emprendedores que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo en el Palacio de la Moncloa.

Así, con respecto a la contratación pública, Andrade apostó por la introducción de un mecanismo automático de compensación en caso de retraso de la Administración en el pago de sus facturas, esto es, la aplicación inmediata de intereses penalizadores en caso de demora o de incremento porcentual del precio, debiendo determinarse esta compensación en el contrato.

En este sentido, la presidenta de Ceaje planteó la incorporación de un apartado relativo a la obligación de la Administración a determinar e identificar, en la licitación o en el contrato, el órgano interno administrativo responsable de tramitar y gestionar el pago de la factura y el procedimiento específico para ello.

A su juicio, se trata de un procedimiento que permitiría "evitar la demora ocasionada por ese proceso opaco de tramitación interna, que ampara retrasos y supone un fraude de ley perjudicial para la actividad productiva".

Como ya hicieran en rueda de prensa el pasado mes de mayo, los jóvenes empresarios valoraron las medidas recogidas en la nueva Ley de Emprendedores, cuya aprobación acogieron de buen grado, "a pesar de no incluir medidas que fomenten y promuevan conceptos clave como la sostenibilidad, la competitividad y la consolidación de las empresas".

Según Ceaje, "esta ley es fundamental para iniciar un camino en el que todavía queda mucho por andar", sobre todo en lo relativo a la financiación. A su juicio, la dificultad de acceso al crédito es el principal obstáculo de los emprendedores, por lo que apostaron por dotar de eficiencia a los fondos públicos con mecanismos de aval para salvar los problemas de solvencia y de evaluación del riesgo.

Para Pilar Andrade, lo más novedoso y destacado de la norma es la limitación de la responsabilidad patrimonial del emprendedor a aquellos bienes inventariados y afectos a la actividad, excluyendo así los bienes personales. No obstante, los jóvenes empresarios consideran que esta figura debería extenderse y clarificar su aplicación cuando se habla de "cualquiera que sea el género de su actividad y la forma jurídica desde la que se venga desarrollando".

Por otro lado, la presidenta de Ceaje recordó, una vez más, que la tarifa plana de 50 euros para menores de 30 años se queda corta en su población objetivo y su temporalidad, por lo que reclamó que se amplíe su aplicación a los jóvenes empresarios menores de 41 años y para el que reemprende, de forma permanente o, como mínimo, durante los dos primeros años de actividad.

OTRAS APORTACIONES

En materia de financiación, Ceaje propone la introducción de criterios para dotar de "eficacia, coordinación y eficiencia" a las Sociedades de Garantía Recíproca y a cualquier otro mecanismo de financiación público o semipúblico, además de valorar al emprendedor por su talento y por su proyecto como principal aval financiero.

En cuanto a los apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social, los jóvenes empresarios sugieren la introducción de una bonificación fiscal vía deducción de un 5% en el Impuesto de Sociedades por mantenimiento del empleo, y de un 10%, en caso de generar un 20% de nuevos empleos para empresas que facturen menos de 2 millones de euros. Para los autónomos, esta deducción se aplicaría en su IRPF.

Por otro lado, Ceaje pide la introducción en la exposición de motivos de un párrafo dedicado al papel de "colaborador necesario" de las organizaciones empresariales, a nivel nacional y regional, para cumplir con los objetivos de la Ley, especialmente en lo relativo al ámbito educativo y de estimulación del espíritu emprendedor. Asimismo, reclaman una mayor colaboración de los empresarios en el análisis de las causas y en el desarrollo de las medidas.