Caamaño se pronunció sobre este asunto al término de la Comisión de Justicia del Congreso, donde fue preguntado por el hecho de que la Ley de Economía Sostenible incluya una modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, por la que el Ministerio de Cultura podría cerrar webs de descargas ilegales sin requerir de autorización judicial.

A este respecto, el ministro defendió que Cultura pueda cerrar preventivamente estas webs, aunque “con posterioridad se ponga de inmediato bajo conocimiento del juez y el juez pueda libremente adoptar todas las medidas necesarias en defensa también de los derechos legítimos de los ciudadanos”.

Argumentó que esta actuación contra las páginas de descargas ilegales sería similar a cuando un agente de la autoridad detiene a otro “en delito flagrante” o le arresta “para evitar la comisión de un delito”, que en este caso sería la vulneración de los derechos sobre la propiedad intelectual.

Insistió en que “siempre tiene que haber un control judicial”, aunque recalcó que cerrar estas páginas ilegales le parecería correcto, “de la misma manera que me parecería normal que si hay una página web, y la detectan la Policía y la Guardia Civil, donde se dice cómo se hacen bombas, se paralice inmediatamente eso y se ponga en conocimiento del juez”. “Es una respuesta administrativa proporcionada a la gravedad de la situación en la que nos encontramos”, afirmó.

En este sentido, incidió en que “hay ámbitos de intervención del poder público, de la Administración, donde, con todas las medidas y todos los controles inmediatos, es posible el control de la Administración pública”. Apuntó que esto se hace “no para cercenar específicamente un derecho, sino para que se adopte una medida, como es en este caso, de frenar un lugar donde se está cometiendo claramente algo que es ilícito”.