Sáenz de Santamaría se expresó así en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde le preguntaron si el Gobierno ha recibido presiones por parte de las farmacéuticas para oponerse a la subasta de medicamentos en Andalucía.

Como respuesta, la vicepresidenta dijo que el asunto "puede verse de otra manera", y es el de la necesidad de garantizar la igualdad de los españoles en un aspecto tan básico como puede ser el de los costes de las prestaciones farmacéuticas.

Con la oposición del Gobierno a este sistema público de financiación de fármacos se intenta, prosiguió, que todos los españoles puedan obtener los medicamentos "a los precios más razonables posible".

Además, añadió la representante del Ejecutivo, el Gobierno busca también que haya "una cierta igualdad y coordinación" entre administraciones públicas, "cuando se trata de un asunto tan importante como la prioridad en un gasto tan elevado como puede ser el de la farmacia".

La subasta andaluza de medicamentos, recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy, cobra ahora actualidad por una enmienda introducida por el PP en el proyecto de Ley de Farmacovigilancia para "impedir", según el PSOE, la ejecución de esta medida.

La posición del Ejecutivo central es que el Ministerio de Sanidad se propone impedir cualquier política de rebaja en el precio industrial de los fármacos que no comprenda todo el territorio nacional.