Muiznieks realizó estas declaraciones en la sede del Defensor del Pueblo, tras una visita de cinco días a España en la que se reunió con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los secretarios de Estado de Justicia y Educación, los directores generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, responsables de la Junta de Andalucía y miembros de unas 50 ONG.

El resultado definitivo de esta investigación se recogerá en el informe sobre los derechos humanos del Consejo de Europa que se publicará a finales de septiembre, con recomendaciones y comentarios del propio Ejecutivo.

Según Muiznieks, si la política de España defiende los derechos humanos, no puede indultar a quienes cometen graves violaciones en su contra, sobre todo si pertenecen a las fuerzas de seguridad.

ANTIDISTURBIOS

Muiznieks se mostró también preocupado ante el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en distintas protestas contra la crisis y los recortes, y pidió precaución a la hora de utilizar material antidisturbios como pelotas de goma o porras extensibles.

Con todo, calificó de “avance importantísimo” la identificación mediante un número de los agentes antidisturbios, si bien aseguró haber recibido quejas referidas a que “estos eran muy pequeños, estaban situados en zonas muy poco visibles o eran demasiado largos y difíciles de recordar”.

Por ello, reclamó que esta identificación se exhiba en lugares visibles (como el casco o el escudo), aunque reconoció que la iniciativa en sí “ha supuesto un gran paso adelante por parte de la policía española”.

En su opinión, “las protestas masivas contra la austeridad han sido la nota más característica y distintiva del impacto de la crisis en España”, en comparación con otros países. “El papel de la policía en estos casos es complicado, pero siempre deben respetarse los derechos humanos”, subrayó Muiznieks.

Asimismo, reclamó la creación de “un mecanismo independiente al que los ciudadanos puedan presentar sus quejas por violaciones de derechos humanos” y, si esto no fuese posible, propuso “aumentar las competencias del Defensor del Pueblo, para que sus decisiones tengan carácter vinculante”.

También dijo estar preocupado ante la posible ampliación de 13 a 26 días de la prisión incomunicada, ya que “incrementa el riesgo de abusos a los presos”, y pidió que se concrete con “mucha precisión” qué se entiende por “incitación al desorden público” en las redes sociales.