Así consta en una iniciativa parlamentaria a la que tuvo acceso Servimedia y que ha sido presentada por los diputados de ICV Joan Coscubiela y Laia Ortiz para su debate en el Pleno y en la Comisión de Economía y Competitividad. Se trata de una proposición no de ley para reforzar los recursos materiales y legales de la lucha contra los paraísos fiscales.

Otra de las propuestas consiste en “destinar más recursos y permitir mejores herramientas que permitan a la Agencia Tributaria tener acceso a las grandes filtraciones de defraudadores”, así como “regular legalmente la posibilidad de que la Inspección efectúe actuaciones de obtención de información actuando de incógnito”.

“Hacer pública la información de las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito o débito que operan en España y mantienen filiales en paraísos fiscales” es otra de las medidas que defiende el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara.

Además, quiere que “las empresas que operan, directamente o mediante filiales, en paraísos fiscales, no puedan acceder a ningún incentivo o beneficio fiscal” y que “todas las actuaciones necesarias para la evasión fiscal, incluidas las de asesoramiento” sean consideradas delito de blanqueo de capitales.

La iniciativa también propone que el Gobierno promueva en el Consejo Europeo, el Consejo de la UE, el Ecofin y el G20 “una política decidida contra los paraísos fiscales”, sustentada en diversas medidas.

IMPUESTO UNITARIO

Así, el texto de La Izquierda Plural propone “la creación de un impuesto unitario, una fiscalidad internacional basada en gravar a las empresas multinacionales de acuerdo con el lugar donde realmente tiene lugar su actividad económica real”.

“Para hacer efectivo este tributo [...] ha de exigirse a los grupos multinacionales la rendición anual de un informe financiero por cada uno de los países en los que operan sus filiales” y que contenga información muy concreta que permita “evaluar la congruencia de las bases imponibles declaradas en cada país por los grupos multinacionales con la estructura de la que disponen y actividad económica que desarrollan en cada uno de esos países”.

La iniciativa de La Izquierda Plural señala que “el intercambio automático de información debe ser el estándar de transparencia necesario en los convenios de la OCDE”. “Todos los Estados que quieran formar parte de la comunidad internacional han de comprometerse a facilitar anualmente a los demás Estados la identidad de los clientes de sus bancos y demás instituciones financieras”.

Además de exhaustivas medidas de control sobre las compañías multinacionales y las entidades bancarias, La Izquierda Plural pide modificar la legislación estatal para “llevar a cabo las medidas de control, mientras no se prohíba a la Banca abrir filiales en los paraísos fiscales, de la actividad financiera en dichos territorios”.