La equivocación fue cometida por Francisco Javier Núñez, edil popular en Elgoibar, que dice estar "destrozado" tras lo sucedido. El concejal votó a favor de una partida que, entre otras medidas, incluía las ayudas a los familiares de etarras aprobadas por el Consistorio de este municipio en su última sesión plenaria.

A este respecto, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, anunció este jueves que va a recurrir la medida aprobada por esta localidad guipuzcoana, que está gobernada por el PNV y que es el pueblo natal de Arnaldo Otegi.

Fuentes de la dirección del PP vasco informaron a Servimedia de que la subvención a los viajes del entorno de los terroristas formaba parte de un conjunto de medidas de reducción de gasto, respecto a las que Núñez votó a favor.

Sin embargo, según la formación popular, su edil desconocía que entre el paquete de medidas se incluía una aportación económica de 0,10 euros por kilómetro para que los familiares de presos se desplacen a las cárceles ubicadas fuera de la comunidad vasca. Los beneficiarios de esta medida no recibirán ayuda más que para tres viajes.

“UNA TRETA”

Desde el PP se añadió que el concejal está “destrozado” por el error, al tiempo que desde la formación que lidera Arantza Quiroga se asegura que “en ningún caso” apoyan las ayudas a los familiares de etarras.

Según informó el diario “Deia”, tanto de las medidas de recorte como de las ayudas a los familiares de presos fueron apoyadas por todas las fuerzas políticas del pueblo de Otegi (PNV, Bildu, PSE-EE y PP).

A este respecto, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, aseguró que “la no referencia expresa a los familiares de presos de ETA” en la ordenanza de Elgoibar “evidencia una treta para no incurrir en flagrante ilegalidad”. Añadió que lo aprobado por este consistorio guipuzcoano “vulnera, entre otras, la ley vasca de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo”.

Según Urquijo, lo acontecido en el pueblo de Otegi “es algo que debemos combatir desde esta Delegación del Gobierno, pues vulnera tanto la ley vasca 4/2008 de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo como la 29/2011 de reconocimiento y protección integral a dichas víctimas".

“Una vez más”, concluyó Urquijo, “se quiere disfrazar el verdadero objetivo de la aprobación de una ordenanza mediante la tergiversación y manipulación del lenguaje, una trampa de sobra conocida y en la que el Estado de Derecho no va a caer”.