El presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, que comparecía hoy ante la Comisión Constitucional del Congreso dejó claro que los empresarios no están dispuestos a hacer públicos los sueldos de sus dirigentes, ni a auditar las cuentas de sus más de 4.500 organizaciones asociadas, ni a dar explicaciones sobre sus ingresos de origen privado.

Lázaro Montero de Espinosa, se expresó así ante los diputados que le habían citado junto a los sindicatos para conocer su punto de vista sobre la inclusión de unos y otros en la nueva Ley de Transparencia.

Los sindicatos, aunque pusieron objeciones a una regulación idéntica que la que afecte a las administraciones públicas para preservar la libertad sindical, se mostraron dispuestos a hacer un “esfuerzo” de transparencia. Los empresarios, en cambio, rechazaron su inclusión por tratarse de entidades “privadas”.

El representante de la CEOE explicó a los parlamentarios que de los 19,6 millones del presupuesto de la organización empresarial, sólo un 32,1% procede de fondos públicos, es decir, no más de 6,2 millones. El resto, más de 13 millones de euros, procede de cuotas que pagan las organizaciones asociadas.

Lázaro insistió en que la CEOE es una entidad “privada” que no recibe subvenciones "con aportaciones genéricas a fondo perdido", sino que los fondos públicos se destinan a proyectos concretos cofinanciados o a la formación de trabajadores.

En cualquier caso, abogó por que la Ley de Transparencia sólo se aplique los ingresos públicos y que ese control sea lo suficientemente “flexible” para no impedir el funcionamiento de muchas de las pequeñas organizaciones empresariales asociadas que cuentan con pequeños presupuestos y a las que se impondrían “obligaciones difíciles de asumir”.

El representante de la CEOE insistió en que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuestos o auditar sus cuentas obligatoriamente" porque un control idéntico al del sector público "no sería proporcional"..

“Las patronales cumplen una función fundamental a través de múltiples organizaciones y es importante no crear una ley que coarte su acción. Si ustedes legislan para no permitir su actuación no contribuiremos a la productividad y la competitividad de las pymes, que son la que pueden ayudar a salir de la crisis”, advirtió Lázaro.

Además, señaló que no le parece "pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente".

En cuanto a las posibles infracciones en relación a las subvenciones de cursos de formación, el dirigente de la patronal insistió en que si hay casos así, “hay que sancionarlos”.

El hecho de que la CEOE tenga una parte de financiación pública, dijo, no puede ser argumento suficiente para que esta organización quede sometida a la Ley de Transparencia y se preguntó si “los notarios, los colegios concertados o los canales de televisión quizá también tuvieran que estar incluidos”, al ser receptores de dinero público.