Sindicatos y empresarios comparecieron hoy, jueves, ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para valorar y dar su opinión sobre la inclusión de las organizaciones que representan en la Ley de Transparencia .

Las comparecencias se producen una semana después de que el Pleno del Congreso rechazara las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

En nombre de Comisiones Obreras (CCOO) acudió Rodolfo Benito, secretario de Estudios de Comisiones Obreras; mientras que en representación de UGT compareció Frederic Monell, secretario de Participación Sindical e Institucional.

Ambos disculparon la ausencia de sus respectivos secretarios generales que hoy se encuentran fuera de España asistiendo a una reunión de la Confederación Europea de Sindicatos.

Durante su intervención en la Comisión Constitucional, Benito consideró que los sindicatos «no pueden asimilar sin más la obligación de publicidad activa» prevista para la Administración en el anteproyecto y que su sometimiento debe limitarse a “los recursos públicos que gestionan”.

Tanto Benito como Morell, aseguraron que el grueso de la financiación de los sindicatos para su acción en defensa de los trabajadores proviene de las cuotas pagadas por los afiliados. El representante de UGT aseguró que las cuotas suponen “más del 70% de la financiación de las organizaciones sindicales”.

Ambos tuvieron cuidado en deslindar claramente las dotaciones presupuestarias para desarrollar servicios, tales como cursos de formación o de sensibilización contra la drogodependencia en el ámbito laboral, que tienen un “carácter finalista”, que ya son fiscalizados por la Administración y que, en ningún caso, sirven para la financiación de la actividad sindical.

En esa misma línea, Benito advirtió que «tampoco cabe confundir la posición de los sindicatos con la de los partidos políticos» en cuanto a las incompatibilidades previstas de cargos públicos ya que son las formaciones políticas «las que asumen el poder legislativo» y no los sindicatos.

En relación con la obligación de publicidad activa, el representante de CCOO señaló que los sindicatos “no somos una administración pública, razón por la que la publicación de las actas de sus reuniones serviría para desvelar , por ejemplo, las estrategias de estas organizaciones en la negociación colectiva con los empresarios o respecto a la actuación de los gobiernos de turno, restándoles eficacia.

En cualquier caso Benito insistió en que la aprobación de esta ley será “insuficiente” para llevar a cabo la “regeneración política y profundización democrática que España necesita” ya que “estamos ante el más brutal deterioro que nos podíamos imaginar, sin precedentes”.

Por ello, pidió que esta iniciativa se acompañe de una completa batería de medidas, incluyendo preceptos “para la limpieza de las cuentas públicas” que estén dotados del amparo legal necesario a través de una reforma de la Constitución de 1978.

Por su parte, Monell insistió en que “los sindicatos defendemos intereses del conjunto de los trabajadores, no sólo de nuestros afiliados, y por lo tanto representamos el interés general”, y ello hace necesario el respeto a las particularidades de esta organizaciones, incluido el derecho de libertad sindical.

También el responsable de UGT advirtió que la nueva ley “no es la solución a todos los problemas de nuestra democracia” y aunque es cierto que “puede contribuir a la regeneración democrática” debe asegurar los principios de “información y publicidad” como “derechos cívicos fundamentales y pilares del control democrático”.

Morell criticó que, a diferencia de los partidos políticos, los sindicatos no tienen una ley de financiación que clarifique sus obligaciones y derechos. Pese a ello, se mostró dispuesto a hacer el “esfuerzo” de transparencia a que obligará la nueva norma siempre que se revisen los supuestos que serían de aplicación a los sindicatos.

El responsable de UGT explicó, sin dar cifras concretas, que la financiación por cuotas de los afiliados y los recursos propios de los sindicatos “están por encima del 70%”.

Si el argumento para la fiscalización de los sindicatos en la Ley de Transparencia es la realización de una función pública, Morell se preguntó si “la banca realiza también una función pública” o si “recibe financiación pública”. Extendió la pregunta a la actividad del “cuarto poder” (los medios de comunicación) y apostó por reflexionar sobre si esta norma acaba afectando “a unos sí y a otros no”, para ver finalmente “lo que hacemos”.