Los magistrados del TC, reunidos en pleno y encabezados por el presidente de la institución, Pascual Sala, han decidido mantener la suspensión al desestimar las alegaciones formuladas en este sentido por la Comunidad de Madrid.

El Constitucional suspendió la citada norma el pasado 29 de enero al admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy. El euro por receta se cobraba en las farmacias de la Comunidad de Madrid desde el 2 de enero, cuando se empezó a aplicar la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, aprobada en diciembre por el Ejecutivo de Ignacio González.

La Comunidad de Madrid pidió al Constitucional el levantamiento de la suspensión al alegar que “la aplicación práctica de la tasa no incide en el acceso de los ciudadanos al medicamento, es decir a la prestación farmacéutica, y por lo tanto no afecta a su derecho a la protección de la salud”.

También argumentó que, si finalmente el TC decretase la nulidad del euro por receta, se podría devolver el dinero abonado por los ciudadanos porque “la gestión informatizada del Servicio Madrileño de Salud permite la perfecta identificación de las personas que han abonado tributo”.

La representación del Gobierno de González hizo referencia asimismo a “la situación de grave crisis económica” y “a la necesidad de cumplir con la estabilidad presupuestaria, y a la caída de ingresos que provienen del sistema de financiación y que supone una pérdida para la Comunidad de Madrid de alrededor de 1000 millones de euros para el ejercicio 2013”.

PERJUICIO PARA LOS MADRILEÑOS

Los magistrados del Constitucional han rechazado estos argumentos. “El perjuicio económico que para el objetivo de control del déficit supondría el levantamiento de la suspensión parece claro, pero no puede quedar desvirtuado por el efectivo perjuicio que pudiera derivarse para los individuos usuarios del sistema de salud, al incrementarse el porcentaje de copago”, señala el auto hecho público hoy.

El TC tampoco aprecia que la suspensión del euro por receta vaya a conllevar “una reducción de la calidad y eficacia de la prestación farmacéutica”.

La resolución también sostiene, en contra de los argumentos de la Comunidad de Madrid, que “el número de sujetos pasivos afectados, por mucho que pudieran ser identificados a través de la trazabilidad inherente al sistema de receta electrónica, tendría carácter masivo”, por lo que “concurre así una dificultad de reparación que justifica el mantenimiento de la suspensión”.

El Gobierno de Rajoy recurrió ante el Constitucional la norma madrileña al considerar que la tasa vulnera el derecho a la igualdad de los españoles en la adquisición de productos farmacéuticos.