En este sentido, el Cermi ofreció a Muiznieks los datos "más relevantes" sobre los principales asuntos, objeto de preocupación del Comité y de sus diferentes entidades, destacando el papel de la campaña de contestación activa del Cermi ante la crisis que asola nuestro país y que afecta de manera "más virulenta" a las personas con discapacidad y a sus familias.

Desde el Comité se hizo hincapié en el desmantelamiento de las estructuraras de las entidades representativas de las personas con discapacidad y de sus familias, como consecuencia de los grandes retrasos e impagos de la deuda viva de las administraciones territoriales con el sector.

Por otra parte, en el ámbito del empleo, se destacaron los recortes en las políticas activas de empleo, así como en las ayudas destinadas a los Centros Especiales de Empleo (CEE); al mismo tiempo que se aludió a la dificultad de inserción laboral de las personas sordas ante la carencia de intérpretes de lengua de signos, así como a los recortes que sufren los programas de empleo con apoyo.

En materia sanitaria, la delegación del Cermi subrayó los problemas que conlleva la carencia de un espacio socio-sanitario, la situación “claramente confiscatoria” que implica el copago, el recorte hacia los problemas de atención temprana y diagnóstico precoz, así como la prestación ortoprotésica, especialmente las prótesis auditivas; la situación de las personas con enfermedades crónicas, o la escasez de fondos para investigación.

En cuanto a la educación, desde el Cermi se alertó al comisario sobre el retroceso que provoca los recortes en la aplicación de un modelo educativo "verdaderamente" inclusivo, "lo que provoca que muchas familias opten por el retorno a modelos segregados en donde sus hijas e hijos se van a ver mejor atendidos". "La falta de apoyos individualizados en las aulas impide en muchos casos la verdadera inclusión, como, por ejemplo en el caso de las personas sordas", señala el Comité.

Además, resaltó los recortes a la dependencia, la falta de impulso a las políticas de promoción de la autonomía personal, el sobreesfuerzo económico, emocional y de oportunidad que sufren las familias de personas con discapacidad, el aumento de los casos de personas con enfermedad mental, consecuencia directa de la crisis, la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres y de la infancia con discapacidad, la institucionalización de las personas con discapacidad, el juego ilegal y la imagen social de las personas con discapacidad.

También se habló del "riesgo" en el que se encuentran las personas con discapacidad intelectual y psicosocial ante la nueva regulación de las medidas de seguridad en la reforma del Código Penal, así como la denuncia del Cermi ante el nulo derecho al voto de muchas personas con discapacidad, y la situación desigual entre las diferentes políticas aplicadas por cada una de las comunidades autónomas, y cómo esta falta de uniformidad afecta al sector.