Esta actitud fue calificada hoy de "incomprensible" por el secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez, durante su comparecencia ante la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso, para informar de la aplicación de la citada ley.

A estas prestaciones, cuyo importe mensual ascenderá a partir de enero de 1992 a 30.000 pesetas, tienen derecho los mayores de 65 años que o hayan cotizado un número de años suficiente para tener derecho a las prestaciones contributivas y las personas con minusvalías.

Jiménez explicó que "no existen razones lógicas", para no solicitar el cambio en los tipos de ayudas, ya que "las pensiones no contributivas exigen menos requisitos, permiten el acceso a toda la cobertura de la Seguridad Social y son más altas".

Agregó que, de los 334.000 beneficiarios del antiguo Fondo de Asistencia Social (FAS) que había en el momento de aprobar la neva Ley de Pensiones no Contributivas, sólo 17.261 han pedido el cambio a éste último sistema de prestaciones.

Adolfo Jiménez señaló también la "contrariedad" que le produce el número de beneficiarios minusválidos de las nuevas pensiones, porque sólo 4.573 personas que hasta ahora recibían las ayudas de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) han pedido acogerse a las pensiones no contributivas.

Las previsiones oficiales eran que unas 40.531 de las cerca de 250.000 personas acogidasla LISMI en todo el país pedirían el pase a las nuevas prestaciones, por cobrar ahora unas pensiones inferiores.

Según las cifras facilitadas por Adolfo Jiménez, el Ministerio de Trabajo ha recibido de las comunidades autónomas, encargadas de tramitar los expedientes, un total de 236.306 solicitudes hasta el pasado mes de noviembre.

Añadió que se han resuelto 62.064 de esas peticiones. De estas, sólo 24.146 lo fueron positivamente, y ya están cobrando 22.421 personas, cifra que contrasta con los700.000 potenciales beneficiarios estimados por la Administración.

La mayoría de los portavoces parlamentarios expresaron sus críticas a la "lentitud" en la tramitación de las solicitudes para percibir las prestaciones no contributivas.

Para el portavoz de Izquierda Unida, Ricardo Peralta, la razón de los retrasos en la tramitación de los expdientes es la "escasa información" facilitada por el ministerio a los potenciales beneficiarios.

La representante popular, Pilar Izquierdo, apuntó tambin que hay comunidades a las que no se ha dotado de infraestrucutra suficiente para cumplir su cometido.

Adolfo Jiménez rechazó todas las críticas, y aseguró que la campaña informativa ha sido correcta, "porque todos los potenciales beneficiarios recibieron una carta explicativa de las nuvas oportunidades que se les ofrecían", y que la infraestructura requerida por cada comunidad "fue transferida en su momento".

AYUDAS FAMILIARES

Jiménez informó también al Congreso del alcance de las solicitudesde ayudas familiares abonadas al amparo de la Ley de Prestaciones no Contributivas.

Explicó que la Seguridad Social empezó a pagar en julio, primero en el que podían cobrarse estas ayudas de carácter trimestral, un total de 615.097 solicitudes. Las ayudas benefician a 1.199.094 hijos, con un promedio de casi dos por familia perceptora.

De los hijos por los que se recibirán las ayudas, 1.162.152 corresponden a personas sin minusvalías, 31.084 a discapacitados menores de edad, 3.925 a mayores de 18años con minusvalías inferiores al 65 por ciento, y 1.933 a mayores con minusvalías superiores al 65 por cien.