Para el Cermi, que opera como instancia cívica de presión de la discapacidad organizada, la creación de un registro de grupos de presión y el sometimiento de éstos al cumplimento de una serie de requisitos supone un “avance para la calidad y la transparencia" del sistema democrático, y, además, en su opinión, "deben formar parte de una serie más amplia y ambiciosa de medidas de regeneración de lo público que precisa España".

"La publicidad, la transparencia y la existencia de un conjunto de reglas a las que atenerse benefician a los grupos de interés, como el de la discapacidad, que defiende derechos y ejerce tareas de incidencia política, siempre en defensa de propuestas y demandas legítimas, absolutamente claras y explícitas", señala el comité en una nota.

En este sentido, añade que la discapacidad organizada "no tiene agenda oculta, sus intereses son siempre legítimos y confesables, por lo que la regulación de los grupos de interés permitirá plantearlos y defenderlos de modo más eficaz y productivo".