La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entiende que las ventas de preferentes fueron “los actos preparatorios, previos e inseparables del posterior brusco deterioro patrimonial de Bankia, en cuanto constituyen maniobra de recapitalización artificial de una de las cajas de ahorros cuyo proyecto de fusión estaba ya en marcha”. Es decir, que las siete cajas de ahorros utilizaror las preferentes como instrumento para maquillar su situación real “con el objetivo futuro de conformar con todos ellos una nueva entidad que pudiera ser inscrita como banco y salir a bolsa, lo que requería de una apariencia necesaria de solvencia”.

La consecuencia de esta resolución, según explicaron fuentes jurídicas, es que el juez Andreu se podría ver obligado admitir las querellas de los cientos de miles de afectados por la venta de preferentes y que se convertiría así la causa contra Bankia en un macroproceso difícil de manejar.

Los magistrados de la Sección Tercera de lo Penal, presididos por Alfonso Guevara, han tomado esta decisión al estimar el recurso interpuesto por Bochner España contra la negativa del juez Andreu a extender la causa a la venta de preferentes.

FALTA DE INFORMACIÓN

Bochner presentó una querella en la que explicaba que Bancaja, una de las cajas que formó Bankia, le obligó en 2009 a cambiar una inversión por valor de 100.000 euros, que había sido establecida como garantía por el banco para que la empresa pudiese obtener una línea de crédito, por participaciones preferentes. La querella asegura que la adquisición se produjo “sin información alguna de las características exactas del producto que se le adjudicaba ni de los riesgos del mismo”.

Los magistrados de la Sección Tercera destacan en este sentido que las participaciones preferentes han resultado finalmente insuficientes “para garantizar la línea de descuento” y que la querellante “ha perdido la totalidad del valor del depósito”.

El juez Andreu, con el apoyo de la Fiscalía, rechazó la querella al entender que las estafas particulares con las ventas de preferentes no tenían cabida en un proceso abierto contra el expresidente de Bankia Rodrigo Bankia y 31 exconsejeros de la entidad y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA).

AHORRADORES Y PENSIONISTAS

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechaza el argumento de Andreu y considera que la venta masiva de preferentes fue en realidad un instrumento utilizado por las siete cajas que formaron Bankia para realizar “una recapitalización fraudulenta”. “Ante la imposibilidad de las cajas de acudir a los mercados financieros no tuvieron reparo en verificar a costa de los mas débiles: los clientes, los ahorradores y los pensionista”, señala el auto dictado por la Sección Tercera.

El tribunal destaca además que, tras la venta masiva de preferentes, se creó un “mercado interno ficticio, en el que se manipularon de forma continuada los precios de cotización”. Estas “maniobras engañosas orquestadas desde la más alta dirección” provocaron “cientos de miles de perjudicados”.

Los magistrados, en conclusión, estiman que no se puede separar las presuntas estafas en la venta de participaciones preferentes de la causa principal, en la que se investiga las supuestas irregularidades cometidas por las cúpulas directivas de BFA y de Bankia en su fusión, salida a bolsa y aprobación de las cuentas anuales.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha ordenado por lo tanto al juez Andreu que admita a Bochner en la causa en calidad de perjudicado y que, además de los consejeros, se impute en el procedimiento al director general de la oficina de Bancaja en Alberic (Valencia), José Luis González Garrigues, responsable de la venta de preferentes a la querellante.

El tribunal rechaza en cambio que las actuaciones se dirijan también contra los antiguos responsables de la CNMV, del Banco de España y del Gobierno. Bochner también dirigía su querella contra ellos por ausencia de supervisión en la venta de preferentes.

El juez Andreu está a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción presente su informe sobre la petición de UPyD, el colectivo 15mPaRato y un grupo de accionistas de investigar también la venta de preferentes.