En concreto, las víctimas reclaman a los Cuerpos de Seguridad que su trato no sea rutinario y que mejoren sus capacidades técnicas y humanas en la elaboración de los atestados; a los abogados, que utilicen un lenguaje comprensible; al sistema judicial, que tenga en cuenta que la indemnización es insuficiente cuando no va acompañada de una sanción al infractor, que sirve de reparación moral y reconocimiento social; y a las aseguradoras, que garanticen a las víctimas una atención personalizada e integral, que no se limite a cuantificar el daño y pagar. La rapidez en la actuación es más valorada cuando se acompaña de un trato excelente e información sencilla y comprensible.

Según el informe, las víctimas consideran que, "excepto en el momento del accidente, existe escasa coordinación entre las diferentes instituciones, lo que les obliga a dirigirse de forma individual a cada una de ellas".

A esto se suma el gran número de gestiones burocráticas, como solicitud de certificados, permisos o documentos, que deben realizar para recibir la atención que precisan.

Además, "en la mayoría de las ocasiones esos trámites se han de llevar a cabo en el mismo periodo de tiempo en diferentes Administraciones y en circunstancias siempre difíciles emocionalmente para los familiares de los afectados".

Un accidente de tráfico grave puede provocar la pérdida de uno de los miembros de la familia o una situación de dependencia, que, en muchos casos, se agrava y provoca gastos económicos extraordinarios, que se añaden a un drama humano imposible de cuantificar, recoge el informe.

El estudio propone algunas medidas para mejorar la actuación de las instituciones, entre las que destacan planes de formación para que las relaciones con las víctimas sean más humanas. También recomienda establecer una red de coordinación entre todos los agentes implicados, con el fin de identificar los procedimientos que realiza cada institución y que éstas entiendan que su trabajo es complementario.

En esta línea, el estudio propone la figura de un mediador, que se encargaría de realizar todas las gestiones burocráticas en nombre de la víctima.

Asimismo, también se proponen medidas para mejorar la atención de los servicios médicos, a los que las víctimas solicitan información clara, permanente y completa, y destaca la importancia de que se aumente la rehabilitación en la sanidad pública y que ésta se inicie rápidamente, con el fin de que la recuperación sea óptima.