El juez, en la exposición razonada remitida hoy, propone al Tsjcv “que asuma la competencia para la instrucción” con respecto a Camps y Barberá y determine si tienen “alguna responsabilidad penal” por los contratos que firmaron con el Instituto Nóos para la celabración del Valencia Summit y de los Juegos Europeos. El magistrado ha decidido elevar la exposición razonada con los indicios encontrados en la causa ya que Camps y Barberá tienen condición de aforados y solo pueden ser investigados y juzgados por el Tsjcv.

El auto dictado hoy por el magistrado advierte que si el Tsjcv rechaza investigar al expresidente de la Generalitat y a la alcaldesa Valenciana, su juzgado recuperará automáticamente la compentencia para investigar a las personas imputadas no aforadas.

Urdangarin y Torres consiguieron en Valencia más de cuatro millones de euros por las tres ediciones del Valencia Summit, celebradas entre 2004 y 2006 y presentadas como una cumbre internacional de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos. Además, y también en Valencia, consiguieron 382.204 euros por la creación de unos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a celebrarse.

IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS

El juez Castro aseguró en un auto dictado en enero pasado que las autoridades valencianas fueron “escasamente escrupulosas” a la hora de cerrar estos contratos y destacó que los eventos “no respondían a necesidades” reales. Para Castro, “la necesidad no existía y fue expresamente fabricada para que se ajustara al ofrecimiento que le hacían Iñaki Urdangarin y Diego Torres”.

El magistrado, de hecho, está investigando si Urdangarin se reunió en marzo de 2004 en el Palacio de la Zarzuela con Camps y Barberá para la celebración del Valencia Summit.