Sáhara. El fiscal se opone a que la Audiencia admita la denuncia de Haidar
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La Fiscalía solicitó hoy al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que no admita a trámite la querella presentada por la activista saharaui Aminatou Haidar, en huelga de hambre en el Aeropuerto de Lanzarote desde el pasado 14 de noviembre, en la que acusa a España de secuestro y malos tratos por retenerla en su territorio sin autoridad y a Marruecos de expulsión ilegal.
El informe, realizado por el fiscal Pedro Martínez, asegura que los hechos ocurridos en el aeropuerto de Lanzarote no son competencia de la Audiencia Nacional y deben ser investigados por el Juzgado de Instrucción número 8 de Arrecife, donde Haidar presentó la denuncia el pasado 15 de noviembre.
En cuanto a su expulsión de Marruecos, el Ministerio Público considera que no es competencia de los juzgados españoles. Los hechos que tuvieron lugar en el aeropuerto de El Aaiun (Sahara occidental) “solo pueden ser imputados a personas de nacionalidad extranjera, por lo que queda fuera de la competencia de la Audiencia Nacional”, señala el escrito presentado hoy ante el juzgado de Velasco.
La activista saharaui presentó la querella ante los juzgados de Arrecife el pasado 15 de noviembre, un día antes de iniciar una huelga de hambre que todavía mantiene. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la localidad isleña decidió la semana pasada inhibirse a favor de la Audiencia Nacional al considerar que no era competente para investigar los hechos.
“No procede aceptar la competencia del presente procedimiento”, concluye el escrito del fiscal Martínez, quien añade que “quien deberá practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados en el aeropuerto y si la prohibición impuesta a la denunciante de viajar a El Aaiun constituye algún ilícito penal es el Juzgado de Instrucción número 8 de Arrecife”.
Si el juez Velasco sigue el criterio de la Fiscalía y rechaza hacerse cargo de la denuncia de Haidar, el caso podría acabar ante el Tribunal Supremo para que, a través de un asunto de conflicto de competencias, sea este órgano jurídico quien decida qué juzgado debe encargarse de la investigación.
(SERVIMEDIA)
03 Dic 2009
DCD/gja