Así lo explicaron en una rueda de prensa la presidenta de Ceaje, Pilar Andrade, y el secretario general de esta organización, Ángel Gómez. Ambos expresaron su esperanza de que la ley mejore durante su tramitación.

Andrade apuntó que las empresas “necesitan capital humano y cuanto más cualificado mejor” y que para ello necesitan que se rebajen los costes de contratación. En esa línea, Ceaje pide la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social y bonificaciones para las empresas que creen o mantengan empleo.

Por su parte, y en referencia al impacto en las cuentas públicas de una rebaja de las cotizaciones, Gómez defendió que el Estado compensaría esa rebaja con una mayor recaudación del Impuesto de Sociedades.

Otra medida de fomento de la contratación que pide Ceaje, es que en aquellas empresas que tengan problemas y deban acudir al método extrajudicial de mediación, se les apliquen quitas en sus deudas con la administración si mantienen el empleo.

En cuanto al IVA de caja, pidieron que la exigencia de pagar al año siguiente sea más flexible cuando se trate de contratos con la administración pública.

Por otro lado, ambos advirtieron de que si la nueva ley no incorpora medidas de agilización del crédito, la normativa va a perder muchas de sus potencialidades. A este respecto afirmaron que en muchas de las medidas que contempla, la ley carece de “laxitud y flexibilidad”.

Como ejemplo, se refirieron a la limitación a 30 años de la tarifa plana de 50 euros y a que esta se limite a seis meses, de 300.000 euros en la vivienda que queda protegida u otras medidas que se limitan a autónomos o a nuevas empresas.

En conclusión, Gómez sentenció que la ley “es buena en lo que apunta, pero se queda corta en muchas cosas”. “Es un primer paso”, concluyó.