En concreto, según la sentencia, el Supremo desestima las pretensiones deducidas en el recurso contra el Real Decreto número 1221/2010, de 1 de octubre, que modifica el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.

Por otra parte, el Supremo ha declarado la inadmisión del recurso contencioso-administrativo presentado por parte de la Asociación Comarcal de Afectados polo Decreto do Carbón porque, entienden los magistrados, “han explicado y concretado en qué medida sus propios intereses podrían resultar no ya perjudicados sino meramente afectados” por esta normativa.