El Cermi Madrid, que se posiciona "radicalmente en contra" de la gestión privada de los servicios sociales en éste y en cualquier ayuntamiento, reitera que la externalización de los mismos es “perjudicial” para los ciudadanos y, en particular, para quienes tienen discapacidad, dado que, para muchas de las personas vinculadas al colectivo, este tipo de servicios son "imprescindibles" y "su privatización busca siempre un beneficio económico".

En este sentido, incide en que el citado consistorio aprobó la medida (con el apoyo del grupo de gobierno y el rechazo de la oposición) acogiéndose al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en concreto, a su disposición transitoria undécima), una normativa que aún no está en vigor y que ultima el Gobierno central.

Asimismo, el Comité considera que, con esta decisión, adoptada en el pleno celebrado a principios de abril (el día 4) Galapagar "tira balones fuera", dado que, acogiéndose a esta normativa, aún en trámites de aprobación, anuncia que la Comunidad podrá asumir las competencias de Servicios Sociales de los ayuntamientos, estableciendo medidas para su "racionalización".

Además, explica el Cermi Madrid, otro de los argumentos dados para defender lo que el equipo de gobierno del consistorio denomina "gestión indirecta de los Servicios Sociales", es el de que se ofrecerá "un mejor servicio a los ciudadanos"; al mismo tiempo que se arguye que el ayuntamiento “carece de medios humanos y materiales para llevarlos a cabo” y que en la actualidad, Galapagar, que ofrece los servicios sociales a través de conciertos con distintas entidades, "no es capaz de controlar de forma adecuada su desarrollo".

Con respecto a esto, el Comité madrileño reitera que, si ahora, el ayuntamiento "no es capaz de controlar su gestión, menos lo será externalizándola". Por otro lado, continúa, "existe cierta contradicción cuando el gobierno municipal reconoce no ser capaz de controlar los distintos proyectos que se desarrollan a través de los servicios sociales municipales en la actualidad, pero, por otro lado, sí afirma poder hacerlo cuando éstos se encuentren privatizados".

Por último, el Comité, que indica que la externalización "no supondrá más ahorro", muestra su "preocupación" por el futuro de los servicios sociales de este municipio y, especialmente, por la posibilidad de que se desencadene una ola privatizadora de los Servicios Sociales en los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y, en este sentido, expone que "la crisis no puede ser una excusa para que los ayuntamientos se desentiendan, a la primera de cambio, de sus servicios sociales".