Garaizabal compareció este viernes en la Comisión de Mujer del Parlamento autonómico para hablar sobre las políticas públicas madrileñas frente a la trata de personas y el apoyo a sus víctimas y señaló que el Ejecutivo regional debería instar al Gobierno central a poner en marcha una “ley integral contra la trata de personas”.

A su juicio, esa ley debería contemplar, entre otros puntos, “que se recoja todo tipo de trata, independientemente del sexo de las víctimas y del sector laboral al que va encaminada”.

Asimismo, considera que se debería “diferenciar claramente la trata de la prostitución voluntaria y de la explotación sexual, que es un concepto tan vago que da lugar a interpretaciones diferentes”.

“Esa ley debería poner los derechos de las víctimas en primer plano”, dijo la representante de Hetaira, quien señaló que “la Comunidad debería contemplar el desarrollo de todos los recursos sociales que se preveían en el plan vigente hasta el año pasado y que no se han desarrollado”.

Garaizabal destacó la importancia de los aspectos económicos para que cualquier plan pueda funcionar y denunció la "falta de transparencia" a la hora del reparto de las subvenciones y que se concedan a entidades “que nunca han tratado con víctimas de trata y de la prostitución”. “Parte del dinero está siendo malgastado con fines ideológicos, concediendo subvenciones a organizaciones que sólo hacen ‘incidencia política’, como dicen ellas”, señaló.

Añadió que, por eso, “no todo el dinero repercute de manera directa en las víctimas, que no necesitan proclamas ideológicas, sino una atención desprejuiciada, profesional y basada en la escucha y el respeto y que tenga como finalidad su empoderamiento y no su revictimización”.

Igualmente, defendió los derechos de las víctimas de trata, dijo que el plan anterior “presentaba deficiencias” y afirmó que “centrarse sólo en la trata para la explotación sexual invisibiliza otros sectores en los que también hay trata de personas, como el campo, los talleres de confección o la construcción”.

Hetaira, que es un colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo, considera que “el no reconocimiento legal de la prostitución voluntaria lo único que hace es abonar el terreno para que los mafiosos campen a sus anchas”.