En un debate emitido por Servimedia TV, Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace, insistió en que la nueva norma supone una desprotección del litoral y consolida "todas las tropelías ambientales" que se han hecho por incumplimiento de la ley anterior, algo en lo que están involucrados comunidades autónomas, ayuntamientos y gobiernos de distinto signo.

Asimismo, destacó que la nueva ley introduce muchos elementos de ambigüedad, sobre todo en espacios como salinas o dunas, que se dejan para futuros usos y explotaciones industriales. "Aunque se diga que es una concesión a 75 años, es una amnistía encubierta porque de aquí a 75 años vendrá otro gobierno y pegará otra patada para adelante", añadió.

El director de Grenpeace advirtió de que la percepción social y de los sectores económicos es que la reforma de la Ley de Costas es "una oportunidad de negocio". "Si se hubiera querido proteger el litoral habría que haber cambiado la Ley del Suelo, meter en cintura a los ayuntamientos y eliminar de una vez por todas la figura del convenio urbanístico", subrayó.

Insistió en que si algún problema tenía la ley anterior es que no se ha aplicado, denostando así durante 25 años una norma que sí garantizaba el principio constitucional de defensa del litoral como patrimonio de todos los ciudadanos. "El problema de este país es que los gestores del interés general han velado por el interés particular porque multitud de ayuntamientos han estado gestionados por constructores", remarcó.

Además, Rodríguez auguró que la nueva ley va a hacer que los bufetes de abogados "se pongan las botas" porque después de 25 años y con el 95% de las sentencias ganadas por el Estado en todo lo que se refiere a dicha norma no se van a quedar quietos ante la inseguridad jurídica que va a generar el que a gente que se le ha aplicado vea que a otras personas no se les aplica tras la reforma.

"Aunque ellos no lo sepan, ya se van a encargar los bufetes de abogados de recordárselo porque es una oportunidad de negocio fantástica. Se trata de solucionar una inseguridad jurídica creando otra mayor", sentenció el responsable de Greenpeace.

Finalmente, Rodríguez se preguntó cómo es posible que haya una "cláusula antialgarrobicos" en la nueva ley que "tenga como paradoja el que todos los hoteles ilegales en Fuerteventura y Lanzarote se legalicen".