El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, expuso esta tarde su replanteamiento de los PEA en la Comisión del ramo del Congreso de los Diputados, que el crédito extraordinario concedido el año pasado por el Ministerio de Industria para pagar las deudas acumuladas durante 2010 y 2011 ha permitido negociar con las industrias militares.

La situación que heredó, dijo Argüelles, era "insostenible" y conllevaba riesgos para la credibilidad internacional de España, para la modernización armamentística y operatividad de las Fuerzas Armadas y para el futuro del sector militar español. El que la Administración no cumpliera con el pago a sus proveedores, indicó, era una anomalía que había que corregir lo antes posible.

Según el nuevo techo de gasto previsto por Defensa, que aún tendrá que aprobar el Consejo de Ministros, los 19 PEA en marcha supondrán un desembolso máximo de 29.495 millones hasta 2030, frente a los entre 31.600 y 36.875 que estimó el Gobierno saliente del PSOE y los 33.345 que calculó en nueva valoración el entrante del PP.

Además de revisar el número de unidades contratadas y el calendario de pagos, denotó el sedef, su departamento ha acometido mejoras en el equipamiento de aquéllas e incorporado partidas para su necesario sostenimiento, que lamentó no habían sido incluidos en su contratación original por el Gobierno anterior.

PROGRAMAS

Por programas concretos, el del Eurofighter acaparará la mayor parte del ahorro, 2.966 de los 3.850 millones, que se conseguirá mediante un aplazamiento de la entrega de unidades hasta 2015, una reducción de las que estarán operativas para reducir sus costes de mantenimiento y prescindiendo de los modelos más avanzados Tranche 3B, como apuntó que han hecho otros países del entorno de España.

El segundo donde más se recortará en el PEA del avión de transporte A400M, con un total de 800 millones ajustando algunas de las características de los 14 aparatos que se consideran necesarios para las Fuerzas Armadas y hasta 2.360 si se exportan los otros 13 cuya adquisición se contrató. Parte de esta disminución de gasto se empleará para incorporar mejoras logísticas al equipamiento de estos aviones.

También en el blindado 'Pizarro' habrá un ahorro, en este caso de 163 millones, al reducirse el número de unidades de 190 a 117. A cambio, se incorporarán mejoras técnicas a las que finalmente se adquieran. Y en el del helicóptero 'Tigre' de 33 millones, renunciando a la reconversión en modelos HAP de seis de los aparatos y ajustando los pagos a las entregas.

Por el contrario, en el NH-90 se invertirán 190 millones más, reduciendo el número de unidades de 45 a 22 a cambio de incluir en los que se adquieran sistemas y equipamientos logísticos que no fueron contratados en su momento y de incorporar un servicio de sostenimiento para cinco años.

Otros recortes afectarán al buque de proyección LLX (43 millones), al de aprovisionamiento de combate (5,13), al de acción marítima (20,48) y a la fragata F-105 (8,48). En el resto de los 19 BAM el gasto estimado se mantendrá. Uno de ellos será el del submarino S-60 'Tramontana', donde Navantia ha identificado problemas técnicos cuya resolución incrementará el tiempo de desarrollo del programa. El techo de gasto se mantiene en 2.135 millones, aunque Argüelles no descartó reevaluaciones futuras.

En conjunto, la financiación de los PEA supondrá cada año para el presupuesto una cantidad de entre 800 y 1.000 millones, entre un 43% y un 53% menos que lo previsto por el Gobierno socialista, para una reducción de impacto sobre el déficit en los próximos años de más de 4.200 millones (un 63%).

Argüelles subrayó que esta reconducción de los programas no sólo obedece a la necesidad de financiar los ya en curso, sino que pretende abrir la puerta a nuevos programas de adquisición de recursos tecnológicos de última generación como los aviones no tripulados cuando la situación económica mejore.

El sedef enmarcó este replanteamiento en el conjunto de medidas introducidos por el Ministerio para racionalizar el empleo de los recursos existentes, como la centralización de adquisiciones, reduciendo el número de órganos contratantes, y la mejora en la gestión.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Víctor Morlán habló en representación del PSOE para denunciar que el 45% del incremento del gasto sea una elevación sobre lo inicialmente presupuestado y en cambio no se ejecute parte del remanente, que para calcular el ahorro el sedef haya empleado el extremo superior y no el inferior del intervalo de techo de gasto previsto por su predecesor, Constantino Méndez.

Constató excesos en los PEA como los vehículos 'Pizarro', que considera que el anterior Gobierno socialista heredó de su predecesor del Partido Popular. Por último, criticó la reducción de "casi un 50%" de la demanda de unidades que realiza Defensa a la industria militar, con la consiguiente incidencia en puestos de trabajo, y deseó un mayor entendimiento entre el Gobierno, los partidos políticos, los agentes sociales y el resto de instituciones para acometer juntos los problemas de las Fuerzas Armadas.

En nombre de CiU, Feliu Guillaumes insinuó que los gobiernos del PP y del PSOE han ido "más allá de lo necesario" en la adquisición de vehículos y armas que, pese a los avances tecnológicos que suponen, a veces no tienen enemigos a su altura dada la naturaleza actual de los conflictos, como por ejemplo el 'Eurofighter', el 'Leopard'.

Ahora bien, en cuanto a la financiación de los PEA reconoció que no se le ocurren otras soluciones que las ofrecidad por el secretario de Estado para lo que calificó de "un hándicap" para los presupuestos, que exigirá las siete vidas de un gato (dijo, aprovechando una errata en el informe presentado por el sedef) para ser sufragado del todo.

Irene Lozano (UPyD) echó de menos una intervención más "política" que hablara del Ejército y no sólo de cuentas e industria, cuando estos programas no son un fin en sí mismo ni una cuestión "contable" o "empresarial" sino "un medio para que los profesionales de las Fuerzas Armadas lleven a cabo su labor". La defensa, dijo, "no es una oportunidad de negocio sino un bien público", y por tanto pidió en qué medida afectan estas reducciones a los recursos de que disponen los militares. También se interesó sobre cuestiones de programas concretos.

Desde ERC, Joan Tardà ironizó que, si ahora se pretende racionalizar y equilibrar la financiación de los PEA, es que antes no lo estaban, acusando de irresponsabilidad al PP y el PSOE cuando han gobernado. Además, criticó que se considere más importante el mantenimiento de puestos de trabajo en la industria militar que en otros sectores que se han visto "hipotecados" por la crisis o han desaparecido.

Preguntó si no se podría cuestionar la existencia misma de los programas especiales de armamento, atribuyendo el que no se haga a la presión de los 'lobbies' militares, y, más en concreto, cuánto queda por pagar de la deuda de los PEA, qué cantidad de déficit obedece a ellos, cuánto cuesta la adquisición de vehículos y armas en sí y cuánto su mantenimiento y por qué se tira del Fondo de Contingencia para sufragarlos.