La Administración autonómica ha presentado este nuevo recurso en el Alto Tribunal contra el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, que modifica el régimen de las tasas judiciales contenido en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, norma que también fue recurrida por la Junta de Andalucía y que el Tribunal Constitucional ya admitió a trámite.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha subrayado que esta reforma del Gobierno del Estado mantiene los mismos motivos de inconstitucionalidad que en su día llevaron a recurrir la ley estatal, ya que sigue generalizando el pago por el acceso a la Administración de Justicia hasta el punto de producir un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

De Llera ha mostrado su total confianza en que este nuevo recurso sea también admitido a trámite por el Constitucional porque la corrección llevada a cabo por el Estado a través del Real Decreto Ley se ha limitado a aspectos muy concretos que no implican una modificación sustancial del régimen establecido en la ley y, por tanto, ésta sigue afectando claramente a principios básicos del ordenamiento constitucional.

Además, ha añadido el consejero, tampoco recoge en su integridad las recomendaciones formuladas por la Defensora del Pueblo al ministro de Justicia para preservar los citados principios constitucionales. El nuevo recurso contra las tasas, respaldado mayoritariamente por el Consejo Consultivo de Andalucía, se centra en siete apartados del artículo 1 del Real Decreto Ley, por vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la Carta Magna española, en la que se recogen estos principios.