El objetivo es demostrar ante los servicios jurídicos de la Comisión Europea que las "ayudas" aportadas al sector desde el año 2003 no eran tales y, por tanto, no tienen que ser devueltas, como se está planteando.

Los socialistas reclaman que se defienda al sector "por su capacidad de generar empleos, su orientación a la exportación, su capacidad de innovación y la experiencia acumulada y contrastada".

Quieren que se promueva ante la Comisión la conclusión de la investigación iniciada para que los astilleros puedan reanudar su actividad y evitar que algunos de ellos puedan declararse en concurso de acreedores.

La iniciativa fue presentada en rueda de prensa por diputados de las comunidades autónomas en las que operan los astilleros amenazados: Galicia, Carmela Silva; Cantabria, Puerto Gallego; Asturias, Antonio Trevín; y País Vasco, Odón Elorza.

Puerto Gallego subrayó la importancia estratégica del sector para España, y Carmela Silva recordó que 85.000 empleos directos e indirectos dependen de la resolución de esa incertidumbre.

Por su parte, Trevín explicó que el sector naval tiene tres problemas: un sistema de ayudas que era discutido e incluso fue denunciado por terceros países, que mientras se investigó hubo que suspenderlo, y que la mientras se investigó hubo que suspenderlo, y que la falta de política industrial del Gobierno impide la defensa que sería necesaria, política y jurídica.

Expresó por ello su confianza en que los "líos de familias" del PP no impidan al Gobierno defender al sector.