Estas organizaciones denuncian que en 2011 el conjunto de los gobiernos autonómicos desembolsó un 40,5 por ciento de la Ayuda Oficial al Desarrollo presupuestada. “Los fondos presupuestados entonces eran claramente insuficientes para cumplir con los compromisos recogidos en leyes y acuerdos internacionales. Ahora también lo son y, además, ni siquiera se cumple con la mitad de lo presupuestado”, aseguran.

Según las coordinadoras, las malas prácticas se han multiplicado en los últimos años entre los gobiernos autonómicos, se aprueban convocatorias de subvenciones por importes inferiores a los presupuestados, importes que no son adjudicados en su totalidad; aprueban subvenciones que no se abonan creando “cooperación ficticia”; no realizan convocatorias hasta que otros donantes participan en ellas, y la mayor parte del presupuesto no supone una nueva asignación de fondos, sino un pago de la deuda que tienen con la ONGD.

“A las malas prácticas se suma el recorte totalmente desproporcionado de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los gobiernos autonómicos, que este año se sitúa en 134 millones de euros”, denuncian desde la ONGD. La media de recorte de la AOD de los gobiernos autonómicos en el período 2008-2013 es del 69%, afirman.

“Este tipo de prácticas y la fuerte reducción presupuestaria tienen graves consecuencias para miles de personas empobrecidas, supone el abandono de inversiones ya realizadas en viviendas, escuelas, hospitales, etc., pone en serio peligro un modelo de Cooperación que ha sido referencia internacional y amenaza la continuidad del trabajo de las ONGD.”, recuerdan las coordinadoras.