El Ejecutivo comunitario explicó en un comunicado que tiene "dudas" de que la compensación de la eliminación de la publicidad con el establecimiento de unos gravámenes a los operadores privados y a las operadoras de telefonía sea "compatible" con la normativa audiovisual de la UE.

"La Comisión no se opone a la modificación del sistema de financiación como tal", afirma la nota, pero sí "duda de que los nuevos gravámenes se atengan a las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas".

La apertura de una investigación formal permite a la Comisión examinar las medidas más atentamente y ofrecer a los terceros interesados la posibilidad de presentar sus observaciones, sin prejuzgar el resultado del procedimiento, precisa el Gobierno de la UE.

La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha declarado: "La opción de España de poner mayor énfasis en la misión de servicio público de RTVE como parte de la reforma de los organismos públicos de radiodifusión coincide con la política de pluralidad de los medios de comunicación que la Unión Europea apoya, y tiene la ventaja de reducir sensiblemente el riesgo de interacciones negativas desde el punto de vista de la competencia entre actividades públicas y comerciales. La Comisión no pone, por lo tanto, ninguna objeción a la supresión de anuncios publicitarios en la televisión pública, pero tenemos que evaluar la manera en que se financia esta reforma".

Bruselas recuerda que las normas comunitarias conceden a los Estados miembros un amplio margen de decisión sobre la manera de financiar los servicios de radiodifusión pública, "siempre que no haya ninguna discriminación injusta entre operadores y ninguna compensación excesiva".

"Como España no le notificó la reforma de la financiación de RTVE, la Comisión no ha podido evaluarla antes de su entrada en vigor", agrega el comunicado.

"La Comisión tiene ahora que determinar si el nuevo sistema de financiación de RTVE excluye la posibilidad de una compensación excesiva y si los gravámenes recientemente creados, que forman parte integrante del régimen de ayudas, son compatibles con la normativa de la UE", concluye.