Así, hoy martes, día en que finalizaba el plazo para este trámite parlamentario, presentaron enmienda de totalidad al citado proyecto de ley los grupos parlamentarios de CiU y de PNV, que consensuaron el texto que ambos presentaron por separado; de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, que la registró hoy pero la hará pública mañana, miércoles; de UPyD y, por parte del Grupo Mixto, Amaiur y BNG.

CiU y PNV denuncian en sus enmiendas la “clara extralimitación del ámbito competencial” y sostienen que se produce un “claro cercenamiento de las regulaciones que deben poder aprobar las CC.AA. en el ámbito de la transparencia”.

A juicio de ambos grupos parlamentarios, “los ejemplos más claros de esta invasión competencial se producen en el Título II del Proyecto de Ley, relativo al Buen Gobierno”. Así, denuncian una “colisión casi sistemática con las competencias en relación a la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno” de Cataluña y País Vasco.

Además, sostienen que el “’novedoso’ régimen sancionador que atribuye por ley a un ministro la posibilidad de llegar a destituir de sus cargos a alcaldes o a cargos de las CCAA es inconstitucional y no puede admitirse bajo ningún concepto”.

Por su parte, UPyD este proyecto debe tramitarse como ley orgánica, por entender que el acceso a la información pública un “derecho básico”. Además, el Gobierno aún no ha incluido a los partidos políticos y a instituciones como la Casa Real en el texto y mientras eso no esté por escrito, la formación que lidera Rosa Díez, mantendrá su enmienda a la totalidad.

Por parte del Grupo Mixto, Amaiur ha presentado una enmienda de totalidad al citado proyecto de ley en la que sostiene que “en el fondo” dicho texto “no reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental pues limita su aplicación al reducirla al estricto ámbito de la administración pública y al limitar su alcance en caso de colisión con otros derechos”.

Además, señala que este proyecto de ley “no sólo no respeta” su reclamación de “soberanía de Euskal Herria, sino que ni siquiera garantiza el respeto a los ámbitos de soberanía vasca que se ejercen en la actualidad”.

Por su parte, el BNG considera que el proyecto de ley del PP “es un modelo de transparencia desfasado porque no incorpora las aspiraciones de la mayoría social ni tampoco sigue modelos vigentes en otros Estados de la UE”.

Además, considera que el acceso a la información permanece “cautivo, dependiente del Gobierno de turno”. “El proyecto de ley deja fuera de su ámbito a importantes instituciones y organismos cuya financiación es exclusivamente pública”, sostiene el BNG, para el que “resulta sorprendente que se excluyan a instituciones como la Casa Real” o el Banco de España.

El texto original del proyecto de Ley de Transparencia se limitaba a las Administraciones Públicas y aunque el Gobierno se ha comprometido a incluir la Corona, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, así como todas aquellas entidades privadas que se gocen de determinada financiación pública, lo cierto es que estos puntos aún no han sido incorporados.