A posteriori, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, confirmó ambos extremos: que no se tocará el salario de los empleados municipales y que la intervención estatal, de tener lugar, se amplía al conjunto de los ayuntamientos, sin exclusión alguna, conforme a lo que ya prescribe la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

En particular sobre los sueldos de los funcionarios municipales, Beteta indicó que la ley de presupuestos generales del Estado podrá establecer cuáles son las horquillas salariales de todos los empleados públicos: “¿Quiere decir que (los sueldos) van a bajar? No”, se preguntó y contestó. Ni tampoco se modifica el Estatuto Básico del Empleado Público y, por tanto, el complemento específico seguirá siendo aplicado por la corporación local correspondiente.

En rueda de prensa para explicar la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), De la Serna confirmó que el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha optado por suprimir este artículo de la ley, de modo que lo único que habrán de cumplir será la referida ley de estabilidad presupuestaria, “que contempla ya instrumentos suficientes para el control y la actuación del Gobierno central”, dijo

“Estamos ante un momento histórico para el municipalismo”, enunció el máximo responsable de las entidades locales españolas, quien se felicitó porque también se ha dado solución a otro de los principales problemas: las competencias impropias y las duplicidades en la prestación de servicios públicos que, en algunos casos, ahogan a los ayuntamientos o les ocasionan serios problemas financieros.

De lo más positivo, De la Serna agradeció que finalmente el Gobierno hubiera aceptado las alegaciones que interpuso y haya desistido de su idea inicial de suprimir municipios y mancomunidades, y hasta un tercio de concejales: “Hoy hemos superado esos momentos gracias al trabajo de las propias entidades locales. En ningún caso habrá reducción de concejales”.

Por partes, el nuevo texto legal recoge la garantía de que los ayuntamientos, que ahora quedan liberados de la prestación de servicios sociales básicos, podrán seguir prestando estos si las comunidades autónomas no cumplen con su obligación de asumirlas en adelante. Servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, sobre cuyo futuro “existía una gran preocupación ciudadana por el riesgo de que fueran a desaparecer”, reconoció De la Serna.

Nada de eso ocurrirá ya, pues la futura ley recogerá una cláusula por la que si al cabo de un año, plazo previsto para que la comunidad respectiva asuma la prestación de estos servicios, ello no se produce se seguirán prestando por el municipio, “garantizándose por parte del Estado que el dinero llegará de la comunidad al ayuntamiento”.

En materia de educación, el coste de la limpieza y el mantenimiento de los colegios seguirá siendo responsabilidad de los ayuntamientos hasta que se acometa el nuevo sistema de financiación local y autonómica, previsto para 2014, momento en el que la gestión se trasladará a las comunidades.

ALCALDES CON SUELDO

La FEMP también ha logrado de Hacienda una fórmula que evite dejar sin remuneración a los alcaldes de poblaciones de menos mil habitantes. Así, el Gobierno contempla ahora la posibilidad de una “dedicación parcial u otra figura” para que sí puedan recibir una retribución. También ha aceptado el equipo de Montoro el que no sea obligatorio que los directores generales y otros cargos cualificados en los ayuntamientos sean necesariamente funcionarios.

Posteriormente, en la segunda de las ruedas de prensa celebradas, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reiteró el mensaje de que la futura ley es “absolutamente municipalista” y tiene por una de sus misiones principales cooperar en la salida de la crisis socioeconómica. También defendió, aun estando en contra la FEMP, la intención de evaluar a todos los municipios para ver cuáles lo hacen mejor y peor en el ámbito de la gestión de las cuentas públicas.