En nota de prensa, el sindicato denuncia que el Ejecutivo pretenda ahorrar, no incentivando el empleo, sino “criminalizando una vez más a los desempleados”.

Para ello, critica que el Gobierno ha asignado un proyecto a una consultora privada para mejorar los controles sobre posibles incumplimientos de los compromisos de búsqueda de empleo de los parados.

Así, alerta sobre una posible “doble vara de medir” por parte de la Administración que priorice lograr un empleo para los parados que cobran una prestación, por encima de aquellos que no tienen protección.