La responsable de Relaciones Institucionales de IO, Isabel Tamarit, desgranó cuatro datos en una rueda de prensa en Madrid con la que resumió "la paradoja de la riqueza" en relación con las empresas extractivas (petróleo, gas y minerales).

Así, indicó que siete de las diez mayores empresas del mundo son petroleras, 18 de las más rentables son extractivas; unos 3.500 millones de personas (el 60% de la población) viven en países ricos en recursos naturales, pero no se benefician de ellos, y si estos países recibieran la mitad de los ingresos de esta industria, multiplicarían por diez el gasto en educación y sanidad.

Deborah Itriago, responsable del informe "Contra la maldición de los recursos naturales", exigió mayor transparencia "en toda la cadena extractiva": la concesión de contratos, los pagos que las compañías hacen a los gobiernos y el manejo de los ingresos públicos derivados de la actividad extractiva.

El informe recomienda medidas legales de cumplimiento obligatorio para las compañías que coticen en bolsa con el fin de que desglosen país por país sus ingresos y sus gastos y los ciudadanos puedan así exigir a sus gobiernos que destinen los ingresos de los contratos a servicios básicos.

En este sentido, Tamarit consideró 2010 "un año clave" para la transparencia de la industria extractiva, porque previsiblemente durante la Presidencia española de la UE se revisará la Directiva de Transparencia, que ahora recomienda pero no obliga a las empresas extractivas a hacer públicos sus beneficios.

Añadió que el Gobierno español debe "garantizar" esta obligatoriedad para evitar la "opacidad de los Estados" en relación a lo que ingresan por los contratos con estas empresas.

Además, el próximo año se revisarán las normas contables que se aplican a este tipo de industrias, a través del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.