En rueda de prensa, el ministro de Educación, José Ignacio wert, detalló las principales novedades del proyecto y destacó la implantación de evaluaciones nacionales externas al final de 3º y 6º de Primaria, 4º de ESO y Bachillerato.

Las dos primeras no tienen implicaciones académicas -“sirven para detectar posibles problemas de aprendizaje”, dijo-, pero las dos últimas son necesarias para la obtención de los títulos de ESO y Bachillerato.

Otros cambios significativos son la sustitución de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (con un curso obligatorio y otro optativo) por la Formación Profesional Básica de dos años obligatorios, y la transformación de 4º de ESO en un curso de iniciación con dos itinerarios distintos, uno más académico orientado hacia el Bachillerato y otro práctico, dirigido a la Formación Profesional.

MATERIAS

La mayor controversia de esta norma radica en la nueva división de las materias del currículum en troncales (sobre cuyos contenidos y evaluación decide el Gobierno central); específicas (su temario y evaluación dependen de las comunidades autónomas y el Estado fija los objetivos a conseguir), y de libre configuración autonómica (que son potestad única de las comunidades y en su caso de los centros).

Dado que las lenguas cooficiales se consideran asignaturas autonómicas, los partidos nacionalistas critican que el proyecto concede un rango menor a estos idiomas, algo que niegan desde educación.

Esta reforma implica además el fin de la Selectividad para entrar a la Universidad, la compactación de asignaturas ofertadas en Bachillerato, mayor autonomía para que los centros decidan sobre su gestión y su posible especialización, un refuerzo de la figura del director, la desaparición definitiva de Educación Cívica y Constitucional (que sustituyó a Educación para la Ciudadanía), y la recuperación de una asignatura evaluable como alternativa a Religión.

De hecho, en esta última versión del texto de la Lomce se abre la posibilidad de que los alumnos escojan Religión, su optativa o las dos, y se aclara que ambas materias contarán para la nota media del curso.

En cuanto a la posibilidad de conceder conciertos a centros que separan al alumnado por sexos, el texto mantiene dicha posibilidad, aunque pide a los centros que garanticen que niños y niñas tendrán acceso a una formación de igual calidad. Ello implica que deberán justificar que los temarios, la exigencia y las instalaciones son iguales en ambos casos.