JpD explicó que el 11 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de nuevo Código Penal, que fue remitido para los informes preceptivos al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal.

Esta asociación añade que, tras tener el pronunciamiento de estas dos instituciones, el anteproyecto se remitió el día 4 de abril al Consejo de Estado, que es el “último órgano informante”. Sin embargo, JpD sostiene que el texto remitido a este órgano “no es el mismo” sobre el que se pronunciaron el CGPJ y el Consejo Fiscal.

Estos jueces progresistas sostienen que el nuevo texto incluye “numerosas novedades sustanciales”, que, sin la opinión del Poder Judicial, irán al Consejo de Ministros para que el nuevo Código Penal sea enviado al Congreso de los Diputados.

Según JpD, este episodio “pone de relieve” el “más absoluto desprecio” del Gobierno hacia las reglas procedimentales, ya que con esta forma de proceder “se hurta al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal la posibilidad de emitir informe sobre las novedades incluidas en el texto, violando con ello el artículo 108.1.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Para esta asociación de magistrados, “este nuevo paso” del Ejecutivo es “un salto cualitativo”, ya que “la democracia se articula sobre la base de un conjunto de reglas que nos dicen cómo deben adoptarse las decisiones colectivas”.

A este respecto, JpD afirma que “si las reglas se incumplen, el sistema deja de ser democrático”, algo que este colectivo considera “que se está produciendo”, algo que ve con “honda preocupación”.