En un comunicado, la OCU afirma que se trata de “nuevas modalidades recaudatorias que las autoridades públicas utilizan, con la excusa de defensa al consumidor, para imponer nuevas cargas a los particulares”.

Sobre el certificado energético, denuncia que “es una excusa para sacar dinero” y critica que bajo la etiqueta de “protección al consumidor” se dictan una serie de normas que, en la práctica, “solo tienen por efecto sangrar al protegido y alimentar las arcas públicas y espurios intereses corporativistas”.

A partir de ahora será necesario obtener un certificado energético para poder vender o alquilar un inmueble. Según la norma aprobada por el Gobierno, será exigible a partir del próximo 1 de junio.

Eso supone que los propietarios de inmuebles de construcción posterior a 2007 deberán desembolsar unos 250 euros por un piso medio. Ese dinero irá a parar a los profesionales encargados de expedir el certificado y a la tasa por registro del documento.

La OCU considera que se cumplirían los mismos fines respecto de la eficiencia energética y sería una medida menos recaudatoria si la norma previera otorgar la menor calificación, la G, por defecto a todos los edificios y viviendas que no prueben una calificación mayor.

“El propietario que lo desee, para probar la calidad de su inmueble y justificar así un mayor precio de venta o alquiler, es el que libremente debiera preocuparse por obtener la calificación que le corresponda”, añade.

ALQUILERES DE VERANO

En la misma línea, denuncia que el mayor control a los apartamentos que vayan a ser alquilados con fines turísticos es “otro ejemplo de intervencionismo en apoyo de intereses económicos sectoriales y en detrimento de la libertad del consumidor”.

De manera expresa se va a obligar a los propietarios que ponen en alquiler sus pisos en vacaciones a someterse al control de la comunidad autónoma y de su ayuntamiento.

Por ejemplo, la OCU explica que en Cataluña se exige la comunicación previa al ayuntamiento por el propietario que pretende alquilar su piso, la inscripción de la vivienda en un registro, la contratación de una empresa de asistencia y mantenimiento, el sometimiento a la inspección pública, la puesta a disposición de hojas oficiales de reclamaciones y la tenencia de un registro de ocupantes que debe entregarse a la Policía.

“Lo realmente ofensivo”, a juicio de la OCU, es que “todo esto se presenta bajo la excusa de que estos propietarios hacen competencia desleal al sector hotelero, o de que rebajan la calidad de la oferta turística de nuestras ciudades, cuando se trata de un nuevo ataque a la línea de flotación de las economías domésticas que no pueden vender sus casas en un mercado inmobiliario muerto y que ven como única alternativa alquilar su propiedad”.