El titular del juzgado, el magistrado Marcelino Sexmero, ha concluido que los 27 denunciados no cometieron delito alguno en la acción de protesta. “La finalidad de la concentración o ‘escrache’ no era quebrantar por la fuerza la voluntad política de Sáenz de Santamaría como miembro del Gobierno e integrante del Partido Popular, sino expresar en la vía pública la información y las ideas del colectivo concentrado sobre el problema de la ejecución hipotecaria”, señala el juez hecho público hoy.

El juez indica además que el derecho a la intimidad de la vicepresidenta, “dado su carácter de persona de relevancia pública dedicada a la gestión política”, debe ceder ante los derechos de manifestación y de expresión.

El auto subraya igualmente que “la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática” y añade que este derecho constitucional “ampara no solo la información o las ideas recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también las que ofenden, chocan o perturbara pues así lo demanda el pluralismo”.

Para el juez, lo fundamental de este derecho “obliga a las autoridades a demostrar contención en el uso de la vía penal”. Señala en este sentido que el derecho de manifestación solo puede limitarse cuando exista “un riesgo concreto material y con grave e inminente peligro para las personas y los bienes”. “No podrá prohibirse el ejercicio del derecho de reunión en los casos en los que se prevea que la reunión provocará un clima de tensión”, subraya el magistrado Sexmero.

MERIENDA AL NIETO

La resolución relata que, en el momento en el que se inició la concentración, la madre de Soraya “estaba dando la merienda al nieto cuado oyeron gritos fuera del inmueble como ‘si se puede, pero no quieren’, ‘Soraya, Soraya quien te paga tu casa’ o ‘no son suicidios, son asesinatos’”.

El marido de la vicepresidenta, José Iván Rosa Vallejo, alegó en su declaración ante el juez el pasado 26 de abril que “no pudo sacar a su hijo de paseo como era habitual además de que el niño rompió a llorar ante los gritos de los concentrados, lo que obligó a su abuela a llevarlo al salón y alejarlo de las ventadas, sintiéndose intimidados por la situación creada”.

El juez de Madrid se basa en este relato para decretar que “debe descartarse que los hechos puedan constituir el delito de amenazas”. Tampoco considera acreditado que los manifestantes cometieron actos de desobediencia o de ofensas a los agentes de la autoridad, “sin que se aclare en que consistía la actitud chulesca imputada a algunos de ellos”.

ACUSACIONES DE LA POLICÍA

Las diligencias previas fueron abiertas a raíz de la denuncia presentada por el marido de Sáenz de Santamaría y del atestado remitido por la Policía Nacional, que identificaba a un total de 27 participantes en el escrache, entre ellos a Jorge Vestringe, antiguo secretario general de Alianza Popular. La policía les atribuía a todos ellos delitos de coacciones, amenazas y manifestación ilegal.

El juez de Madrid ya criticó la vaguedad de los datos del atestado policial en el auto por el que inició las diligencias de investigación.