Dicha iniciativa pide además incorporar las conclusiones del informe de la Subcomisión de Igualdad para el estudio de la ley integral y adoptar aquellas recomendaciones que reviertan en una mejor protección de los menores, tanto de aquellos que la sufren directamente como de los que la contemplan a diario.

Presentado a instancia del grupo socialista, el texto se debatió este martes en el pleno del Congreso y fue aprobado por unanimidad tras el acuerdo de una enmienda transacional.

En su intervención, la portavoz socialista defendió la necesidad de un estudio concreto de la situación de estos menores y de las medidas que precisan para mejorar la atención que reciben, y abogó por una mayor formación del profesorado a fin de detectar casos de malos tratos desde el centro escolar.

Asimismo se refirió al derecho a la asistencia integral, a la escolarización de los menores que deben abandonar su domicilio por este motivo y a la coordinación entre el gobierno y las comunidades Autónomas.

Según distintas estadísticas, entre el 30 y el 60% de los menores que viven violencia de género en el hogar reciben también malos tratos, y diversos estudios han demostrado que incluso quienes no los sufren de forma directa experimentan problemas de socialización, trastornos depresivos y de ansiedad y corren un riesgo elevado de interiorizar este comportamiento y repetirlo de adultos.

Los grupos del PP, CiU y Esquerra presentaron tres enmiendas al texto original, cuyos puntos principales quedaron recogidos en la redacción final de la propuesta.

Las dos primeras incidieron en la necesidad de incluir las recomendaciones del Informe de la Subcomisión de Igualdad, tales como retirar la patria potestad en casos de violencia de género, prestar asistencia psicológica a los niños y extender la orden de protección de las madres también a los menores.

Por su parte, Esquerra subrayó que el Gobierno debería limitarse a “orientar la política de lascomunidades autónomas, pero no intervenir en temas que no le competen”.

En nombre del grupo mixto habló la diputada de Coalición Canaria, quien señaló que en España aún “prima la patria potestad sobre el interés del niño”, con lo que en su opinión esta iniciativa es positiva “pero se queda corta”.

Finalmente, el representante del PNV consideró que la parte dispositiva de la proposición no define con claridad las competencias autonómicas, pero añadió que “no podemos votar en contra”.