La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha concluido que los delitos que imputa Suiza a Falciani -espionaje financiero, vulneración del secreto bancario, vulneración del secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes- no están penados en España. Es decir, que no se cumple el principio de doble incriminación, requisito esencial para acceder a una extradición.

El auto dictado hoy asegura que la información revelada por Falciani “se refiere a actividades sospechas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptible de legítima protección”, señala el auto dictado hoy.

En relación al secreto bancario, los magistrados de la Sección Segunda –Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada- señalan que “en nuestro derecho no existe una protección penal específica del secretario bancario como tal”. En cuanto al delito de espionaje financiero, la sala entiende que Suiza estaba protegiendo un interés jurídico propio frente a los de otros estados, “dotando al precepto de un innegable carácter político que no puede servir de base a una petición de extradición”.

Falciani estaba reclamado por Suiza por haberse presuntamente aprovechado de su puesto de trabajo como jefe del servicio informático en el HSBC de Ginebra para acceder a datos personales y financieros de clientes de la entidad. La información incluye datos de cuentas bancarias, listas de clientes y rentabilidad, así como información sobre los gestores y las visitas.

El informático transfirió este material a sus ordenadores privados y transmitió una parte a un agente del fisco francés. Posteriormente, el antiguo empleado del HSBC contactó con distintos gobiernos de Europa para ofrecerles los datos.

CRÍTICAS AL HSBC

El tribunal señala que los dos únicos delitos que podrían justificar la doble incriminación serían los de revelación de secretos en relación a la protección de la intimidad de los clientes y al propio secreto comercial del banco. Pero, para los magistrados, la intimidad de los clientes o el secreto comercial del banco no pueden amparar actividades sospechosas de ilegalidad.

La resolución hace referencia a la reciente sanción que el Senado de Estados Unidos impuso al HSBC y una sentencia del Tribunal Supremo que confirma otra sanción a su filial española. Utiliza estas sanciones como argumento para reflejar que en el momento en que ocurrieron los hechos hay fundadas sospechas de que “existían políticas de empresa en la entidad de actuaciones gravemente irregulares”.

Los magistrados señalan que con la colaboración de Falciani se han desvelado y se siguen desvelando, en España y en otros estados, estas actuaciones irregulares, unas situaciones “encubiertas, amparadas o permitidas por la propia entidad”.

La sala no cuestiona el sistema bancario suizo sino la actuación del HSBC, que “realizó un número significativo de operaciones irregulares que contravenían las normas internacionales”.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

La resolución también supone que a Falciani se le han levantado las medidas cautelares, por lo que tiene total libertad de movimientos y puede abandonar España.

La propia Sección Segunda decidió el pasado 18 de diciembre dejar en libertad al informático, momento desde el que Falciani ha contado con protección policial.

El informático estaba en la prisión madrileña de Valdemoro desde que fue detenido en España el pasado 1 de julio.

Suiza acusaba a Falciani de difundir los datos “en beneficio propio”, es decir, exigiendo dinero a cambio, “sin evidenciar o informar sobre eventuales sospechas de la comisión de delitos de corrupción o de blanqueo de capitales”.

“Tenía la intención de vender y sacar provecho de los datos que había sustraído y ello antes de cualquier contacto con las autoridades del sistema bancario suizo”, señalaban en su informe a la Audiencia Nacional las autoridades helvéticas.

“ESCANDALOSAS ACTUACIONES”

En la vista de extradición celebrada por la Audiencia Nacional el pasado 15 de abril, Falciani aseguró que decidió llevarse y revelar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales con cuentas en el HSBC de Ginebra para denunciar “las escandalosas actuaciones” de la entidad.

El informático explicó que los datos, que “llenaría un tren”, se los entregaron “otros empleados” del HSBC de Ginebra que estaban interesados en que se recogieran “las pruebas de los delitos”. Su intención, según dijo, era denunciar que los “objetivos económicos” del banco entraban en contradicción con sus obligaciones legales.

El informático dijo que, en un principio, quiso denunciar los hechos ante las autoridades suizas pero que estas no accedieron a que aportara los datos de forma anónima, la fórmula a la que recurrió ante el “miedo a represalias”. “La Justicia suiza no estaba interesada en aclarar los hechos”, señaló ante el tribunal.