Soriano ha desestimado los recursos interpuestos por Blanco contra varios de los aspectos de la investigación. El exministro recurrió por un lado la incorporación a la causa de la transcripción de varias conversaciones incriminatorias. El imputado, por otro lado, recurrió las últimas diligencias de investigación ordenadas por el instructor del Supremo.

En cuanto a las conversaciones, Blanco aseguró que las actas de transcripción eran nulas “porque se accedió irregularmente y sin permiso alguno al contenido de unas comunicaciones intervenidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo”.

Estas conversaciones telefónicas pusieron al descubierto las presuntas gestiones que realizó el exministro para que la empresa de transportes Azkar, de su amigo de la infancia José Antonio Orozco, obtuviese las licencias necesarias para poder utilizar un almacén en las cercanías del aeropuerto de El Prat (Barcelona).

El juez de la Sala de lo Penal del Supremo rechaza los argumentos de Blanco. “La policía no accedió irregularmente y sin permiso de este instructor al contenido de las comunicaciones intervenidas, sino todo lo contrario”, señala el auto hecho público hoy.

Soriano asegura que la Policía analizó estas conversaciones “minuciosamente” y recuerda que Blanco “tuvo conocimiento” de estas diligencias.

CUENTAS DE SU ESPOSA

Blanco, por otro lado, recurrió la providencia dictada el pasado 22 de febrero y con la que Soriano ordenó a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la práctica de diligencias documentales. Entre estas diligencias destacaba la investigación de las cuentas de la esposa de Blanco, Ana Isabel Mourenza.

El exministro alegó que estas diligencias se acordaron después de que el magistrado dictará el 7 de febrero una providencia en la que dio por concluida la instrucción.

“No se ordenaban en este caso la práctica de nuevas diligencias de investigación sino las precisas y complementarias para la conclusión y presentación de los informes ordenados”, indica Soriano para rechazar el recurso de Blanco.

El magistrado también defiende la legalidad del examen de las cuentas de la esposa del dirigente socialista. “No se investiga a una persona distinta, sino a la esposa del imputado en aspectos económicos, habida cuenta de que se halla casada en régimen de sociedad de gananciales con aquél”, explica.

La Fiscalía solicitó en marzo pasado al instructo del Supremo que requiera al Congreso de los Diputado el suplicatorio necesario para poder juzgar al exministro de Fomento por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y prevaricación.