La oficina del Defensor del Pueblo informó en un comunicado de que ha recibido quejas de empleados municipales que exponen que el impago de sus nóminas está provocando que no puedan hacer frente a diversos pagos, incluido el de sus hipotecas.

Por este motivo, Soledad Becerril ha solicitado información sobre esta situación al Ayuntamiento linense, a la Diputación Provincial de Cádiz, a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A la defensora le preocupa especialmente la situación en la que se encuentran estos trabajadores, algunos de ellos, a punto de ser desahuciados. Así, ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda de la regulación de la situación de los deudores hipotecarios en su conjunto.

"Hasta que se apruebe esta reforma, que podría ampliar las facultades de los jueces, Soledad Becerril confía en que las autoridades judiciales tengan en cuenta las situaciones de cada particular, que en muchos casos, son deudores de buena fe", señala el comunicado.

Además, la defensora pide a las entidades bancarias que tengan en cuenta estas situaciones a las que se han visto abocados muchos ciudadanos como consecuencia de impagos por parte, en este caso, de ayuntamientos.