Anpier, en un comunicado, asegura que hay estas iniciativas en casi todas las instancias nacionales posibles, tanto a nivel nacional como internacional, “por los daños derivados de las sucesivas normas retroactivas, que han reducido la rentabilidad de las plantas fotovoltaicas en un 40%, proyectos que fueron desarrollados siguiendo las indicaciones y bajo la legalidad dispuesta por el propio Boletín Oficial del Estado, que garantizaba unos retornos ahora inexistentes, suponiendo la quiebra de miles de empresas y de 40.000 economías familiares”.

Este colectivo fotovoltaico denuncia que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo “ha desestimado más de 11.000 reclamaciones patrimoniales, lo que derivará en sus correspondientes recursos ante el Tribunal Supremo, en los próximos dos meses, por parte de miles de productores de energía solar fotovoltaica que están, además, a la espera de recibir las liquidaciones definitivas de la Comisión Nacional de Energía, que incluyen la merma producida por los recortes retroactivos, para recurrirlos inmediatamente ante la Audiencia Nacional”.

Por su parte, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, afirma que “algo se debe de estar haciendo muy mal cuando se interponen cientos de miles de demandas y recursos frente a todas las instancias posibles en España y el extranjero por parte de ciudadanos, empresas y Administraciones” y añadió “La sociedad española está perdiendo el tren del progreso y el bienestar que ofrecen las energía renovables, por culpa de los intereses particulares de los gestores y beneficiarios de un reducido grupo de empresas”, concluye.