En concreto, se han admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Parlamento de Cataluña, así como por el Gobierno regional de Cataluña.

Asimismo, el Constitucional ha aceptado el recurso sobre la misa materia promovido por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

De este modo, se da traslado a la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, con el objetivo de que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Esta legislación trata de evitar que las comunidades autónomas puedan legislar en esta materia y asegurar así la unidad de mercado.