Gallardón se refirió a este asunto en la Comisión de Justicia del Congreso, donde esta mañana explica la puesta en marcha de estas dos reformas.

En este sentido, el ministro se refirió a que estas dos leyes servirán para ajustarlas a las “prioridades” de la España del siglo XXI, al tiempo que también ayudarán a luchar contra la corrupción. Destacó, a este respecto, que uno “de los efectos más importantes” de estas reformas será combatir cualquier enriquecimiento ilícito de políticos y cargos públicos.

Asimismo, Gallardón se refirió a que su departamento tiene intención negociar con los operadores jurídicos y con los grupos parlamentarios las propuestas que los expertos han hecho sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por este motivo, el ministro dijo que tiene intención de que estas dos nuevas leyes se tramiten de la forma “lo más pausada posible”, de forma que se puedan incorporar las sugerencias de las fuerzas políticas y los profesionales de la Justicia.

Entre los cambios planteados por los expertos, Gallardón recordó que se propone mantener los actuales órganos de los distintos partidos judiciales, aunque se introduce una “enorme flexibilidad”, de modo que alguno de estos tribunales puedan encargarse de asuntos específicos.

El ministro también se refirió a la reforma planteada también apunta por el mantenimiento de la Audiencia Nacional, aunque con cambios, mientras que se privilegia el papel del Tribunal Supremo. Uno de los posibles cambios será que los jueces de todos los órdenes judiciales deban motivar cualquier desviación de la jurisprudencia del Alto Tribunal.

Sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Gallardón recordó que los expertos proponen que los fiscales se encarguen de la investigación en las causas penales. Sin embargo, destacó que el criterio del Gobierno es que un “juez de garantías” se encargue de la instrucción y de las decisiones finales sobre el proceso.