Ortega participó este martes en una jornada sobre 'Crisis económica, menores y Justicia', organizada por la Fundación Abogacía Española y Save teh Children en Madrid, donde destacó el aumento del 13,6% de las llamadas de menores atendidas en el teléfono de ayuda de Fundación ANAR en 2012.

Según ortega, el paro y la pobreza crecientes de los hogares generan “en la convivencia diaria una crispación y una desesperación que lamentablemente pueden derivar en situaciones de violencia, en las que los menores son la parte mas débil y desprotegida”.

“No estamos hablando de una violencia exclusivamente física, sino de una angustia” que el menor vive a diario en su familia en forma de incertidumbre y de privaciones, precisó.

El responsable de política de Infancia de Unicef España, Gabriel González, subrayó que el 26% de menores que viven en situación de pobreza relativa presentan más dificultades de acceso a una educación de calidad, a los servicios de salud y al disfrute del ocio y la cultura.

Ello influye, por ejemplo, en su rendimiento escolar, prosiguió, y en los casos más extremos, en aspectos determinantes como es el derecho a una vivienda o la posibilidad de permanecer junto a alguno de sus padres, que pueden perder la tutela por razones económicas.

En su intervención, González advirtió de que “en unos años podría darse un incremento de la violencia juvenil”, algo que distintos informes de Unicef confirman para otros países donde se han producido crisis prolongadas.

Ahora bien, “en España todavía no hemos llegado a este punto y no sabemos cómo vamos a evolucionar”, aclaró, y resaltó el papel fundamental de las políticas públicas y de la respuesta judicial en este sentido.

Por lo general, en épocas de crisis “las soluciones del sistema de justicia” a la violencia juvenil “no son las mejores”, sentenció.

RECORTES

Ortega subrayó, en esta línea, que “la austeridad impuesta por las administraciones públicas afecta a la protección jurisdiccional de los menores”, pues se disponen de menos medios (psicólogos, asistentes sociales) y de menor tiempo para atenderlos.

Como ejemplos citó el impacto de las tasas judiciales en el acceso de los menores al sistema judicial y

la mayor conflictividad de los divorcios.

En la jornada se presentó el informe de Save the Children 'Menores ante la Justicia en España', que advierte de que el sistema no está pensado para atender a este colectivo. De hecho, la falta de espacios específicos y de apoyo psicológico puede convertir en violentas las actuaciones judiciales de cara a los niños, concluye.