Así lo dijo en una rueda de prensa celebrada para valorar la resolución por la que el Tribunal Supremo decidió no admitir a trámite la querella que la asociación Democracia Real Ya presentó en enero contra 63 diputados, entre ellos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el cobro de dietas de la Cámara Baja, pese a disponer de vivienda en Madrid.

“No nos parece decente” que se utilice el Congreso y las instituciones públicas como un “club privado”, dijo Jiménez, quien señaló que Democracia Real Ya está estudiando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, por entender que el hecho de que la Mesa de la Cámara Baja estableciese que las dietas que reciben los diputados no tributan contraviene la igualdad ante la ley que establece la Constitución para todos los españoles.

Explicó que el Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece que los gastos correspondientes a dietas y desplazamientos “se tienen que justificar” documentalmente. “Esto es de obligado cumplimiento y acatamiento para todos los ciudadanos de España”, dijo este abogado.

Sin embargo, añadió, “la Mesa del Congreso se autoatribuye una facultad y simplemente y tajantemente dice que el importe correspondiente a estas dietas no tributa”.

PATENTE DE CORSO

A su juicio, la Mesa del Congreso no puede tener “patente de corso para decir constantemente cuáles de los conceptos de los sueldos que está pagando a cada uno de los diputados va a tributar”, porque “eso está fuera de la ley”.

Para Democracia Real Ya los diputados deberían tener la “valentía” de hacer públicas sus declaraciones de la renta, por la sencilla razón de que su remuneración como parlamentarios sale del impuesto de los ciudadanos.

Asimismo, Jiménez criticó que “en un momento donde España lo está pasando mal, donde se están realizando recortes de mucha envergadura y que están creando un malestar social bastante evidente, donde se ha bajado el sueldo a gran cantidad de trabajadores y funcionarios, donde hay más de 6.200.000 parados, donde prácticamente 40.000 familias están pasando hambre”, “ningún político” ha tenido un gesto de solidaridad con la ciudadanía, como renunciar a esas dietas.

En este sentido, apuntó que el presidente del Gobierno, que viven en el Palacio de la Moncloa, sufragada con dinero público, percibe también esas dietas, establecidas en el Reglamento de la Cámara Baja como indemnizaciones. Se trata de una situación, dijo, que no entendible por los ciudadanos.

El Tribunal Supremo decidió recientemente archivar la querella de Democracia Real Ya contra 63 diputados, entre ellos el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por malversación de fondos públicos y por apropiación indebida, al entender que “no se produce irregularidad alguna en la regulación existente”, por lo que descartó “la existencia de hechos constitutivos de ilícito penal”.

Para el Alto Tribunal, A juicio del Alto Tribunal, “parece claro que los diputados no tienen que justificar que un importe de la partida incluida en el concepto de indemnización tenga que estar destinada específicamente a alojamiento”.