El jefe del Ejecutivo autonómico, que inauguró en Valladolid el sexto Congreso de UGT Castilla y León, exigió que el reparto de los límites de déficit público se haga “partiendo de una situación de igualdad”. Así, recordó que Castilla y León tiene asignado el 35% del gasto a la sanidad, la educación y los servicios sociales, por lo que a su juicio no es “proporcional ni consistente” que sólo se beneficie del 19% del “margen” del déficit permitido.

SOLIDARIDAD NACIONAL

Por ello, el presidente de la Junta apeló a la “solidaridad nacional” y planteó al Ejecutivo de Mariano Rajoy que sea “coherente” y “consciente” de los servicios públicos que tienen encomendados las comunidades, según dijo en su repaso al conjunto de medidas y al escenario macroeconómico presentado ayer por el Consejo de Ministros.

Ante 165 delegados sindicales de UGT, representantes de partidos políticos, de la propia Junta y de instituciones como el Consejo Consultivo, el de Cuentas y el Económico y Social, Juan Vicente Herrera se comprometió a “la defensa de los intereses de Castilla y León” en la capital de España, para dar “continuidad al proceso de consolidación fiscal”, lograr una “autoridad fiscal independiente”, sacar adelante la Ley de Transparencia, “luchar contra la morosidad” y llevar a buen puerto la “reforma pendiente de las administraciones públicas”, con el énfasis puesto en las locales y en la, a su juicio, importancia del “municipalismo”.

PARO

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico se mostró especialmente sensibilizado con las previsiones “dramáticas e insostenibles” del paro previsto por el Gobierno para 2016, en el 25 por ciento de la población activa, aunque, matizó, en Castilla y León será “entre cuatro y cinco puntos menos”, algo con lo que no hay que conformarse.

Por ello, aseguró que es “urgente” que tanto el Gobierno como los partidos políticos y los agentes sociales se pongan “mano sobre mano” para proponer e “impulsar políticas activas de empleo más eficaces”, como el Plan Anual de Políticas de Empleo, que en su opinión supone “una oportunidad”.

En la misma línea, Herrera recordó que la reforma laboral es “un instrumento aprobado por ley” que “sólo se justificará si produce los efectos por los que fue aprobado”, esto es, contribuir a la búsqueda de “un nuevo modelo productivo y económico en el que basar la recuperación” de Castilla y León y del conjunto del Estado.