Así lo explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprobó el Programa de Estabilidad y el Plan de Reformas que el Gobierno remitirá a Bruselas.

En el marco de ese plan se incluirá la citada ley, que el Gobierno prevé aprobar en el cuarto trimestre de 2013, que tiene como objetivo aplicar un índice diferente del IPC en las rentas públicas, sobre todo en lo que se refiere a contratos administrativos.

Según el Ejecutivo, esta normativa pretende “eliminar los efectos perjudiciales derivados de la vinculación automática al IPC en la formación de precios y costes y evitar efecto de segunda ronda sobre la inflación”. En cuanto a su creación, el Gobierno valora que está inspirada en el acuerdo de los agentes sociales.

También forman parte del plan otras medidas ya anunciadas por el Gobierno como la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la ley de transparencia, la ley de emprendedores o la de unidad de mercado, así como una ley de servicios y colegios profesionales y una norma de buen gobierno corporativo.

Además, impulsará también nueva normativa para luchar contra la morosidad en las administraciones públicas y prevé incrementar la fiscalidad medioambiental.

Otro aspecto que forma parte del plan y ya era público es la regulación del factor de sostenibilidad de las pensiones, para garantizar el futuro de la Seguridad Social-.

También contempla un nuevo Plan Anual de Política de Empleo 2013 y la Estrategia Plurianual de Activación para el Empleo 2014-2016. En cuanto a la reforma de la Administración pública, se refiere a la Ley de la Administración Local y a un informe para la reforma de las administraciones públicas antes del 30 de junio de 2013.