Según informó este jueves el Cermi en un comunicado, en España no existe tradición de someter a evaluación ningún tipo de política pública, incluidas las de discapacidad, por lo que estas carecen del debido contraste -antes, durante y con posterioridad a su ejecución- que indique si son exitosas o no, en cuanto a cumplir con el objetivo pretendido al ponerlas en práctica.

"Esto lleva a que se desarrollen políticas que no se sabe qué resultado tendrán, o a mantener otras indefinidamente cuya perduración no viene avalada por un impacto positivo demostrado", indica la nota. "Este importante déficit de procedimiento hace que las políticas públicas de discapacidad tengan una carga desmedida de intuición, de azar o de costumbre que resiente su eficacia, y más en unos momentos de crisis en los que cualquier decisión tiene que estar basada en criterios contrastados de eficacia".

Para comenzar a remediar esta situación, el Cermi y la Fundación ONCE ultiman la confección de un protocolo de evaluación de políticas públicas de discapacidad, al que seguirán sendos manuales de aplicación, dirigidos tanto a las administraciones como a las organizaciones representativas de este sector, con el fin de ir introduciendo la cultura de la evaluación en la acción pública en materia de discapacidad.