En España hay 1.661 causas judiciales abiertas por corrupción política y económica

- El CGPJ diagnostica que 798 juzgados necesitan ayuda para tramitar estas causas

MADRID
SERVIMEDIA

En los juzgados y tribunales de España se tramitan un total de 1.661 causas por delitos relacionados con la corrupción política y económica, de los cuales 302 son ‘macroprocesos’ que cuentan con un gran número de imputados, según datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En estas 1.661 causas por corrupción se investiga la presunta comisión de delitos como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o el blanqueo de capitales, según explicó en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo. La portavoz dijo desconocer el número de estas causas que afectan a políticos pero destacó que algunos de estos procedimientos tienen “una gran repercusión para la opinión pública”.

Estas 1.661 causas por delitos de corrupción forman parte de los 2.173 procedimientos de especial complejidad que se tramitan en toda España. Andalucía lidera esta clasificación con 656 causas complejas, seguido por Valencia (280), Cataluña (215), Canarias (197), Madrid (181) y Galicia (110).

Los seis juzgados de instrucción penal de la Audiencia Nacional, por su parte, tramitan un total de 91 causas de especial complejidad, 14 de ellas relacionadas con la corrupción política o económica.

Existen además otros 512 ‘macroprocesos’ abiertos por causas distintas a la corrupción.

La portavoz del CGPJ que se ha diagnosticado que un total de 798 juzgados de toda España necesitan refuerzos de medios materiales y personales para poder instruir eficazmente estas causas de especial complejidad.

MEDIDAS DE REFUERZO

Al hilo de este diagnóstico, el CGPJ pedirá al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en la materia medidas para reforzar material y personalmente estos 798 órganos más afectados por la sobrecarga de trabajo.

El Consejo pedirá en concreto la designación de 64 nuevos jueces de refuerzo, 18 secretarios judiciales y un aumento del número de funcionarios para “agilizar la tramitación” de los procesos más complejos.

Bravo también explicó que se pedirá al Gobierno la agilización de los trabajos que los jueces encargan en sus investigaciones a instituciones como la Agencia Tributaria o la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

“En numerosas ocasiones los retrasos en la tramitación de estos procedimientos derivan de la lentitud en las actuaciones de estas unidades”, señaló la portavoz del CGPJ.

El Consejo también solicitara que se cree una unidad permanente de peritos adscrita a la Audiencia Nacional siguiendo el modelo implantando en la Fiscalía Anticorrupción.

Los datos han sido recabados por el CGPJ a través de los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales y los jueces decanos de toda España y han sido analizados provisionalmente por el Servicio de Inspección del Consejo.

(SERVIMEDIA)
25 Abr 2013
DCD