En el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, comenzó su intervención subrayando la “pésima” noticia del nuevo aumento del desempleo, y preguntándose “qué tiene que pasar, a qué cifra hay que llegar” para que el Gobierno derogue la “pésima” reforma laboral que sólo está provocando “más despidos y menos derechos”.

La política económica del Gobierno, denunció, no solo no está generando empleo ni procurando la recuperación, sino que “se está llevando por el camino muchos derechos” y ni siquiera está permitiendo cuadrar las cifras del déficit.

Subrayó que reformar es “modificar con intención de mejorar”, pero el PP ha invertido el sentido de ese verbo y ahora es “sinónimo de recorte, de retroceso tan ineficaz como injusto”.

Pese a la situación, cree que el acuerdo con el PP es complicado, por entender que ha cometido “varios errores pero sobre todo uno”, gestionar “con soberbia” e incluso “haberse creído sus propias mentiras”, esas que instaló en el imaginario colectivo sobre su capacidad para lograr la recuperación económica y rehabilitar la credibilidad solo con llegar al poder.

Por eso, denunció, el Gobierno actúa “como si estuviera en la oposición, o peor” pensando más en conseguir votos que en solucionar los problemas, “buscando culpables” en vez de soluciones.

A eso achaca, por ejemplo, que el PP no haya sentado “a toda la sociedad” para buscar soluciones, incluidos partidos, empresarios y sindicatos. En ese sentido, y preguntado expresamente por las informaciones al respecto, se mostró convencido de la buena gestión de UGT en Andalucía y denunció una campaña “de acoso y derribo” a los sindicatos.

En su intervención, hizo hincapié en señalar el capitalismo y determinadas políticas como origen de la crisis financiera, y en subrayar por eso mismo la importancia de la política para buscar las soluciones y desarrollar otros modelos de crecimiento.

Emplazó, en ese sentido, a luchar de una vez contra los paraísos fiscales para cuadrar las cuentas no solo reduciendo gastos sino incrementando ingresos.

Se centró en “desmentir mitos” extendidos por el PP y su entorno: la herencia recibida como causa de la situación actual, la falta de alternativa a la austeridad y la tesis de que izquierda y derecha son lo mismo.

Sobre lo primero, reconoció que el PSOE no supo resolver la crisis que gestionó durante dos años, pero subrayó que ahora, un año y medio después de haber purgado su culpa en las elecciones, la crisis que era económica es también política, social e institucional, y eso es achacable al PP.

Sobre lo segundo, señaló a Andalucía y a Asturias como pruebas de que hay “líneas rojas infranqueables” en los ajustes, y que hay que conjugar la austeridad con crecimiento e ingresos porque si no el precio es “muy alto”.

Finalmente, como demostración de diferencias, reiteró que los grandes logros han sido alcanzados “entre todos, pero con leyes socialistas”, y en ese marco subrayó “el tirón de orejas” del Consejo de Estado por Educación para la Ciudadanía, y la advertencia de que el PSOE no tolerará retrocesos en legislación sobre aborto.

En un escenario de gran desafección, subrayó la necesidad de acometer cambios profundos, y aseguró que el PSOE afrontará ese debate de cara y renovará el partido para después proponer esos mismos avances a los demás, como ocurrió con la igualdad y las listas paritarias.

Propondrán cambios en Europa, con un único candidato de todos los socialistas a la Presidencia de la Comisión, y en España, con reformas “profundas” de la Constitución para buscar posiciones de equilibrio “entre el inmovilismo y el rupturismo”.

Uno de los objetivos de esas reformas será “blindar el Estado del bienestar” y también “reformular” el modelo territorial sobre la premisa de que “federar significa unir, clarificar competencias” y buscar fórmulas de financiación que eviten tensiones cada cinco años cuando, como ahora, toca revisar el sistema.

Se mostró partidario, en ese sentido, de una negociación multilateral en la que se tengan en cuenta las peculiaridades de cada territorio, y de dar “estabilidad” a toda la arquitectura constitucionalizando los principios de la financiación.

Eso permitiría también garantizar la corresponsabilidad del modelo, aseguró, algo que intentó, por ejemplo, Extremadura poniendo un impuesto a la banca para financiar su educación y su sanidad y que desde el Gobierno central se “torpedeó”, algo que juzgó “increíble”.