Según informó el Cermi, dicha iniciativa surge para defender la continuidad de la institución rechazar la proposición de Ley de Supresión de la Institución del Procurador General, presentada el pasado 22 de octubre en el Registro de la Junta General del Principado de Asturias.

Las entidades sociales, mediante la lectura de un manifiesto, declararon que "no entendemos que lo que era conveniente y necesario en el 2005, hoy parece no ser válido, a pesar de que se haya ensalzado desde entonces su labor, su proximidad, su inmediatez y control, y la aplicación de criterios de independencia y transparencia, contradictoriamente. De hecho, no se ha reprobado en ninguno de los informes de actuación presentados anualmente en el Pleno de la Junta General".

"Es ciertamente una paradoja que la eliminación de este alto comisionado del Parlamento asturiano la promueve el propio Parlamento, amputándose así uno de sus instrumentos más relevantes", denuncian.

Además, subrayan que "la institución del Procurador General ha sido desde su creación un instrumento cercano que garantiza la protección de los derechos de aquellas personas y/o grupos más vulnerables, firmando convenios de colaboración con las entidades, recogiendo y tramitando quejas, garantizando los derechos constitucionales, realizando investigaciones de oficio en cuestiones de interés social, etc.".

"En este sentido, consideramos que la defensa de los derechos y libertades de las personas debe ser prioritaria, por encima de cualquier otro interés, tanto para las instancias gubernamentales como para las administraciones públicas", finalizan.

Desde estas entidades se promueven una serie de acciones, entre ellas reuniones con representantes de los diferentes grupos políticos del Parlamento asturiano, la recogida de firmas vía 'online' y la elaboración de un manifiesto conjunto, que será presentado por registro ante la Junta General del Principado de Asturias el próximo mes de mayo.