Así lo denunció este martes Amnistía Internacional (AI), que a estas casi 1.000 familias agregó las 60.978 personas víctimas de desalojos forzosos entre julio de 2012 y diciembre de 2012. Según esta organización, más de 300.000 haitianos viven en campamentos de refugiados tres años después del seismo.

De ellos, una cuarta parte está en peligro de sufrir un desalojo, que en la mayoría de los casos es ordenado y aprobado por las propias autoridades.

Esto supone una clara violación de los derechos humanos, criticó Amnistía, que reclamó al Gobierno de Haití un plan estructural para asegurar el acceso a una vivienda digna a su población.

Miles de familias han abandonado los campamentos y aceptado otras formas de alojamiento proporcionado por distintos proyectos y programas, admitió AI.

No obstante, los desalojos forzosos podrían haberse convertido en un factor determinante de la reducción del número de personas residentes en campamentos, y ahora se aprecia el déficit de viviendas que ya antes del terremoto padecía Haití, lamentó la organización.